El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, agendó este lunes la vigésima ejecución en lo que va del año. Con esta decisión, la entidad encamina sus cifras a superar el récord estatal registrado en 2025, en medio de una renovada controversia nacional sobre la pena capital tras el fallido procedimiento con inyección letal a una reclusa en Tennessee.
El mandatario firmó la orden para que Jesse Guardado, de 64 años, sea ejecutado el próximo 5 de noviembre en la Prisión Estatal de Florida. Guardado fue condenado por el asesinato en 2004 de Jackie Malone, una mujer de 75 años a quien robó dinero y joyas en el marco de una crisis por consumo de drogas.
Concentración de la pena capital a nivel nacional
Hasta la fecha, Florida ha ejecutado a 16 reclusos en 2026. Sin embargo, el calendario prevé la muerte de James Robertson y William Lee Thompson el 13 de octubre, y de William Reaves el 20 del mismo mes. Con la programación del caso de Guardado, la entidad sobrepasará la marca previa de 19 ejecuciones en un solo año alcanzada en 2025.
De acuerdo con datos del Death Penalty Information Center, este estado del sur de EE. UU. concentra más de la mitad de las 29 ejecuciones contabilizadas en todo el país.
El impacto de la ejecución fallida en Tennessee
Esta intensificación en la agenda de ejecuciones ocurre en paralelo a la conmoción generada por el caso de Christa Pike el miércoles pasado. La reclusa de 50 años sobrevivió a dos dosis de inyección letal en el estado de Tennessee y debió ser hospitalizada en estado crítico, conectada a un respirador y con quemaduras severas en sus extremidades. Ante lo sucedido, el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, anunció la suspensión de las ejecuciones en su estado por lo que resta de 2026.
Rechazo de organizaciones civiles
En Florida, diversas agrupaciones como Floridians for Alternatives to Death Penalty (FADP) han cuestionado la celeridad con la que el Gobierno de DeSantis aplica la pena capital.
La organización impulsa una petición para que la condena de Guardado sea conmutada por cadena perpetua, recordando además su paso por la Escuela Dozier para niños, institución clausurada tras destaparse graves casos de abuso. «El asesinato de Jackie Malone fue horriblemente atroz, y cualquier súplica por la vida de Jesse debe reconocer la profunda pérdida causada por sus acciones; pero otra muerte no solucionará ese daño. Jesse puede rendir cuentas sin necesidad de ser ejecutado», señaló FADP en su comunicado.
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