Las autoridades de Chile confirmaron la detención de los dos implicados en el homicidio del suboficial mayor de Carabineros, Daniel Palma el pasado jueves.
De acuerdo a los antecedentes preliminares, uno de los detenido lo identificaron como Luis Lugo Machado, de nacionalidad venezolana, acusado de ser el presunto autor material del asesinato de Palma.
El segundo arrestado, también venezolano, es Ovimarlixion Garcés Briceño, acusado por supuestamente ocupar un lugar en el vehículo utilizado para comerte el crimen la semana pasada.
Según la información policial, el Departamento OS9 de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros realizó las detenciones la madrugada de este martes, en medio de dos allanamientos efectuados de manera coordinada en la comuna de Quinta Normal en Santiago.
Ubicación y aprehensión de los sospechosos
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que un trabajo colaborativo permitió la ubicación de los sospechosos, detenciones que “no son fáciles producto que no hay constancia de la identidad clara, no hay huellas. Eso hace más difícil poder identificar a los responsables”.
“Habrá que determinar el nivel de responsabilidad; si son autores, cómplices o encubridores (…) son personas que, sin lugar a dudas, participaron en los hechos (…) Las instituciones no van a permitir impunidad en hechos tan graves y cobardes como el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma”, agregó la autoridad.
Hasta el momento Carabineros persiste en la búsqueda de otros dos sospechosos cuyas imágenes han sido difundidas en medios de comunicación a nivel nacional.
En medio de la conmoción por el tercer asesinato de un policía en menos de un mes, el presidente, Gabriel Boric, promulgó la ley “Naín-Retamal”, proyecto tramitado en tiempo récord por el Congreso que da más libertad a los policías para el uso de las armas de fuego y que empezó a regir este lunes tras su publicación en el Diario Oficial.
Esta iniciativa encendió las alertas de organismos internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas por “no ajustarse al derecho internacional”, en tanto algunos personaros del oficialismo la han catalogado como de “gatillo fácil”.
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