Santarém (Brasil).- El éxodo de miles de mineros ilegales expulsados de la tierra indígena Yanomami, en el norte de Brasil, amenaza con agravar el ciclo de violencia y pobreza que sufren desde hace años otras regiones de la Amazonía.
Los buscadores de oro furtivos han emprendido una huida de destino incierto como consecuencia de la megaoperación puesta en marcha en el estado de Roraima por la Policía y las Fuerzas Armadas para poner punto final a la crisis humanitaria que viven los yanomamis.
Las imágenes de niños de esta etnia en avanzado estado de desnutrición y con graves cuadros de malaria han dado la vuelta al mundo y obligado al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a actuar en sus primeras semanas al frente del Ejecutivo.
Las organizaciones ecologistas responsabilizan de la crisis a los cerca de 15.000 mineros que actuaban ilegalmente en la reserva y que han contaminado los ríos de los que se alimentan los yanomamis con mercurio y otros productos tóxicos en busca de metales preciosos.
También responsabilizan al hoy expresidente Jair Bolsonaro por incentivarlos. El Gobierno de Lula ha ordenado incluso abrir una investigación contra la administración del líder ultraderechista (2019-2022) por un supuesto delito de genocidio.
El gran interrogante ahora es: ¿Dónde se asentarán esos miles de mineros ilegales?
El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo este jueves que solo habrá cifras sobre el número de mineros que han salido voluntariamente de la tierra Yanomami la semana que viene.
VÍAS DE ESCAPE POR BRASIL Y VENEZUELA
El presidente del Instituto Brasileño de Medioambiente (Ibama), Rodrigo Agostinho, ha advertido de que una parte ha puesto rumbo a Venezuela, que también alberga población yanomami en su territorio.
También hay relatos de asociaciones que alertan de un aumento en la actividad minera irregular alrededor del Pico de la Neblina, el punto más alto de la geografía brasileña, con 2.995 metros, situado en el estado de Amazonas.
Los núcleos de inteligencia del Instituto Chico Mendes (ICMBio) también están monitoreando la posibilidad de que se trasladen a otras zonas de la Amazonía brasileña ya fuertemente presionadas por la minería clandestina, según señaló a EFE Ronilson Vasconcelos, agente medioambiental federal de este organismo estatal de conservación.
Vasconcelos coordina un gran operativo lanzado esta semana para combatir la minería ilegal en las doce unidades de conservación que se encuentran en la región de Itaituba, principal mercado de oro ilegal de Brasil, en el oeste del estado de Pará.
«Estamos preparados para mitigar cualquier tipo de transición. Si vienen aquí y pretenden dar continuidad a los ilícitos que estaban cometiendo en la tierra indígena Yanomami, no se los permitiremos», afirmó.
La deforestación en esta zona es altísima, la mayoría vinculada a la minería.
Entre el 1 de enero y el 10 de febrero de este año, los satélites registraron 830 alertas de deforestación en 200 kilómetros a la redonda de Itaituba, de las que 674 estaban asociadas al «garimpo», como se conoce en Brasil a estos yacimientos mineros ilegales, según datos oficiales a los que tuvo acceso EFE.
La extracción de oro y casiterita, usado para la elaboración de chips, es promovida por el poder local. Itaituba, por ejemplo, ha acelerado en los últimos días la concesión de licencias medioambientales para minería.
«Con toda seguridad, hay garimpeiros de la reserva Yanomami que están beneficiándose de esas licencias», afirmó a EFE Marquinho Mota, coordinador de proyectos del Fórum de la Amazonía Oriental.
OTROS PUEBLOS INDÍGENAS EN ALERTA
La región de Itaituba también es el hogar de pueblos indígenas como los apiaká y munduruku, de los más amenazados por las mafias mineras y que vienen denunciando los impactos de la actividad en sus tierras desde hace 40 años.
«La situación es aterradora. Sabemos que muchos garimpeiros ya salieron de la tierra Yanomami y están viniendo a Itaituba», asegura Mota.
La historia no es nueva. Hubo un movimiento similar cuando grupos de mineros furtivos abandonaron el río Madeira y se instalaron en el Tapajós, tras la construcción de las hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio, en el estado de Rondônia.
«Ahora va a ser lo mismo», advierte Mota, quien pide al Gobierno de Lula que no deje escapar a los garimpeiros de Roraima porque sería «el fin del Tapajós y del pueblo munduruku como lo conocemos hoy».
Pero el éxodo minero también plantea un desafío socioeconómico enorme para esas localidades altamente desiguales cuyo motor económico es apenas la minería.
Sin un plan alternativo, la llegada de esas miles de personas, unida a una mayor fiscalización por parte de los órganos medioambientales, puede derivar en una crisis social en esos municipios, alimentada por el desempleo y la pobreza.
Terreno fértil para el crimen organizado, cada vez más presente en la selva amazónica.
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