Así dice a Efe el máximo representante del Sistema de Naciones Unidas en el país andino, el francés Arnaud Peral, que junto con la Conferencia Episcopal encabezó los esfuerzos de mediación para poner fin, el pasado 13, a una crisis de once días de violencia desenfrenada.
«Yo creo que el caldo de cultivo que permitió esta ola tan fuerte de reacciones en todos los sectores estaba presente en la sociedad ecuatoriana», afirma al hablar de indicios de «insatisfacción» entre ciertos círculos de la población, originados en las brechas sociales y la falta de oportunidades, entre otras causas.
«Muchas personas estaban pidiendo (advirtiendo) que se estaba degradando su calidad de vida y bienestar y, en ese sentido, había una tensión social muy grande que hemos sentido por supuesto en diferentes episodios», agrega en su primera entrevista desde las protestas.
Una situación originada en «la situación económica y social del país», «la compleja situación regional», y «la situación del empleo».
SE ROMPIÓ EL DIÁLOGO EN LA SOCIEDAD
El pasado 13, Peral vivió uno de los momentos más satisfactorios de su larga carrera cuando, avalado por la Agenda de Desarrollo 2030, consiguió sentar en una misma mesa al presidente Lenín Moreno y al líder indígena Jaime Vargas, un encuentro que puso fin a unos disturbios que dejaron al menos seis muertos y más de 1.300 heridos, además de cuantiosos daños materiales.
Pero lo que aún sorprende al diplomático de la ONU fue el grado de «ruptura de diálogo» y «enfrentamiento generalizado» al que llegó la sociedad ecuatoriana, y por supuesto el alto nivel de violencia de las protestas.
«Tenemos antenas y diálogos con muchos sectores, pero ni siquiera nosotros habíamos visto que podía escalar a este nivel», asegura.
Convocados por sindicatos, grupos indígenas y de oposición, los manifestantes saquearon granjas, dañaron infraestructuras nacionales, cerraron carreteras, bloquearon varias ciudades y, en Quito, se alzaron contra las fuerzas del orden en batallas campales.
CATALIZADORES DEL CONFLICTO SOCIAL
El disparador fue un decreto de Moreno que eliminaba un histórico subsidio a la gasolina y elevaba el transporte, aunque Peral señala que ya «se sentía malestar obviamente en todos los sectores sociales desde antes de la crisis» y que «no es sorpresa para nadie».
Y recuerda los tradicionales catalizadores de este tipo de protestas en Ecuador y en otros lugares: «Tomar una medida como eliminar o reducir subsidios, o subir impuestos, crea en todos los países una conmoción social, una reacción muy fuerte».
El decreto fue derogado dentro de los esfuerzos para desactivar la bomba de relojería social, dejando por otro lado al país en una compleja situación frente a las entidades internacionales que le exigen reformas a cambio de una línea de crédito de 10.200 millones de dólares.
El Gobierno ecuatoriano ha reconocido que quizás faltara más explicación y diálogo sobre el decreto, un argumento que Peral comparte y, por ello, alienta a un «diálogo estructural».
«Tener mesas de trabajo más estructurales donde ventilar preocupaciones y plantear opciones de política pública», abunda.
EL GOBIERNO PIDIÓ ASISTENCIA AL QUINTO DÍA
A los esfuerzos de mediación se sumó Peral en el quinto día de las protestas, el 7 de octubre, cuando el Gobierno le envió una carta solicitando asistencia de la ONU.
También apeló a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y juntos sumaron esfuerzos para hablar con todas las partes en conflicto, sentar bases de confianza y eliminar las suspicacias que alentaban las protestas.
El único grupo con el que los mediadores no llegaron a hablar fue con el de los llamados «infiltrados», supuestos insurgentes que el Gobierno relaciona con el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y Venezuela, y cuyo objetivo -según el Ejecutivo- era el derrocamiento de Moreno.
«Como todo el mundo en la calle, hemos visto que había cosas raras, ‘grupos’… Los movimientos sindicales e indígenas nos reportaron que había ‘infiltrados’, gente que estaba entrando en sus filas, provocando a la Policía, generando caos», confirma el diplomático.
DESOXIGENAR A LOS «INFILTRADOS»
Pero con una estricta prudencia diplomática, reconoce que nunca llegaron a identificar de quién se trataba o a tener constancia de algún interlocutor.
«Los podemos llamar ‘infiltrados’, ‘grupos’… No lo hemos analizado, y vamos a ser siempre muy cuidadosos en no poner nombre y apellidos, ni calificativos, ni hablar del país que los financió, porque no tenemos información de inteligencia al respecto», defiende.
Por esa razón, dice que durante las protestas «insistieron mucho» a las partes sobre «la necesidad y urgencia de sentarse a la mesa», con el objetivo también de «quitar oxígeno a este otro grupo o grupos, o quien sea, que estaban con una agenda mucho más violenta».
Y efectivamente, con la creación de las mesas de diálogo, el domingo 13, desaparecieron también rápidamente estos grupos.
En ese sentido, para Peral, «hay que celebrar que el país regresó a la calma y estar ahora en una agenda de prevención para tratar de evitar cualquier pretexto que permita a esos grupos reactivarse».
EFE
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