El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial de Perú dictó 30 meses de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray y al periodista Mauricio Fernandini, y otros dos ciudadanos mientras los investigan por su presunta participación en una red de sobornos en el Gobierno del expresidente Pedro Castillo.
El juez Raúl Justiniano declaró la sentencia en el marco de la investigación de Fondo Mi Vivienda y se acogió así, en parte, al pedido de la Fiscalía, que pedía 36 meses de prisión para cada uno.
Afirmó que dictó esta sentencia contra Fernandini por colusión agravada en calidad de cómplice primario, y contra Goray por delitos de colusión agravada y negociación incompatible, a cargo del Ministerio Público.
Además de la empresaria y el periodista, también dictó 30 meses de preventiva contra los ciudadanos Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia Johason por su supuesta participación en dicha red.
Tanto la Fiscalía, como las defensas de cuatro investigados anunciaron que presentarán un recuso de apelación de la sentencia.
Goray y Fernandini los arrestaron el pasado 7 de julio en Lima, después de que el juez Raúl Justiniano Romero, titular del Octavo Juzgado, dictó 10 días de detención preliminar ante un pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción.
La empresaria la investigan por presuntamente pagar, al menos, 4 millones de soles (poco más de un millón de dólares) a una red corrupta en el Ministerio de Vivienda y Construcción, con el fin de lograr la adjudicación de obras para su empresa inmobiliaria.
Fernandini, periodista televisivo y radial, lo acusaron de ser intermediario en el pago de los sobornos entre Goray y Salatiel Marrufo, exasesor del exministro de Vivienda Geiner Alvarado.
Goray la detuvieron en el aeropuerto internacional de Lima cuando retornó al país desde el extranjero, mientras que el periodista lo intervinieron porque se encontraba cerca de la embajada de Estados Unidos.
Según medios locales, tanto Goray como Fernandini se han acogido a la figura de la «colaboración sincera» con la Fiscalía para intentar obtener unas condenas menos severas.
La semana pasada, el Ministerio Público informó en Twitter que ejecutó la orden judicial de incautación, allanamiento, descerraje y desposesión de la casa del empresario Alejandro Sánchez, ubicada en el distrito de Asia, en la provincia de Cañete, por el caso «Gabinete en la sombra».
Sánchez, prófugo de la justicia, es uno de los investigados por integrar una organización liderada presuntamente por Castillo mientras estuvo en el Gobierno, para adjudicar obras públicas a empresas de conocidos, cobrar cupos por la designación de ascensos en las Fuerzas Armadas y nombrar a conocidos, sin experiencia, en altos cargos públicos.
Junto con Sánchez están prófugos de la justicia el exministro de Vivienda Juan Silva y el sobrino de Castillo Fray Vásquez que, según denuncias periodísticas, estuvo oculto en la casa de playa en Asia.
Castillo cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por ser el presunto líder de esta organización corrupta, a la vez que también tiene otra orden de 18 meses de cárcel preventiva mientras se le procesa por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, después del fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
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