Dos generales retirados del Ejército colombiano y otros 25 militares, imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes de guerra y de lesa humanidad, admitieron su responsabilidad en 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en el departamento del Meta (centro del país) entre 2002 y 2007.
«Por primera vez en la historia del país, dos brigadieres generales retirados del Ejército Nacional reconocieron públicamente la existencia de órdenes superiores orientadas al cumplimiento de cuotas de bajas», aseguró la JEP, tribunal creado bajo el marco del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC.
Menores de edad entre las víctimas
La investigación del tribunal especial documentó detalladamente 209 asesinatos bajo la modalidad conocida en Colombia como «falsos positivos». Entre las víctimas mortales se identificó a diez menores de edad. Asimismo, el expediente detalla 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio ocurridas en la región del Meta durante el citado quinquenio.
Los dos brigadieres generales retirados que aceptaron los cargos son Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, ambos excomandantes de la Séptima Brigada del Ejército.
Presión de mando y nexos paramilitares
Durante las comparecencias, el general Saavedra admitió haber ejercido fuertes presiones sobre sus comandantes subordinados para incrementar las bajas reportadas. De igual manera, reconoció haber utilizado expresiones que transmitían el mensaje explícito de acudir a grupos paramilitares para producir falsos resultados operacionales.
Por su parte, el general Ardila reconoció que incumplió de manera grave sus deberes de mando y control cuando estuvo al frente de la Séptima Brigada, y aseguró que el sistema de incentivos institucionales de la época contribuyó directamente a la comisión de estos crímenes.
«Las personas que fueron asesinadas no eran combatientes. Eran civiles, con proyectos de vida, familias, sueños y aspiraciones, a quienes estigmatizamos como delincuentes», manifestó Ardila de forma tajante durante una audiencia pública.
Una práctica sistemática de incentivos y premios
Junto a los altos mandos, reconocieron su responsabilidad otros 25 exintegrantes de la fuerza pública pertenecientes al Batallón de Infantería No. 21 «Pantano de Vargas» (Bivar) y al Gaula Rural Meta (Gamet). Entre este grupo se encuentran coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, suboficiales y soldados profesionales en retiro.
En noviembre de 2025, la JEP había imputado formalmente a los 27 comparecientes por crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros delitos relacionados. Los «falsos positivos» constituyen uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano, en el que miembros del Ejército asesinaron a civiles inocentes para simular éxitos militares y obtener a cambio beneficios, condecoraciones y ascensos.
Hasta la fecha, la JEP ha contabilizado de forma preliminar un total de 7.837 de estos casos en todo el territorio nacional, cometidos en su gran mayoría entre 2002 y 2010, coincidiendo con la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
