La relación bilateral entre Ecuador y Colombia ha entrado en una fase de ruptura crítica. El Gobierno de Daniel Noboa anunció este jueves que, a partir del próximo 1 de mayo, los aranceles a las importaciones colombianas subirán del 50 % al 100 %. Esta medida marca el punto más alto de una escalada comercial iniciada en febrero, utilizada por Quito como herramienta de presión para exigir a Bogotá un mayor compromiso en la seguridad fronteriza.
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones justificó la decisión como una «tasa de seguridad» ante la supuesta inacción colombiana para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en los límites territoriales comunes. «Esta medida busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta», reza el comunicado oficial.
La crisis no se limita a los aranceles, sino que ha mutado en una represalia de servicios básicos y recursos estratégicos:
Energía: Colombia suspendió la interconexión eléctrica con Ecuador, agravando el déficit de generación que sufre el país andino.
Petróleo: En respuesta, Ecuador incrementó de 3 a 30 dólares el precio por barril para el transporte de crudo de Ecopetrol a través de oleoductos ecuatorianos.
Economía: Con un intercambio histórico de 2.800 millones de dólares, la balanza comercial —tradicionalmente deficitaria para Ecuador por unos 900 millones— se encamina a una contracción severa.
El detonante político: El caso Jorge Glas
El reciente endurecimiento de las sanciones coincide con un agrio intercambio entre los mandatarios. El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó recientemente al exvicepresidente Jorge Glas como un «preso político». Glas, recluido en la cárcel de máxima seguridad «El Encuentro» por cargos de corrupción y malversación, fue recapturado hace dos años durante el polémico asalto a la Embajada de México en Quito.
Noboa calificó las palabras de Petro como un «atentado contra la soberanía» y una violación al principio de no intervención. Como consecuencia inmediata, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá y la canciller Gabriela Sommerfeld confirmó la suspensión indefinida de las mesas técnicas bilaterales.
Mientras Noboa intenta consolidar un modelo de seguridad inspirado en la gestión de Nayib Bukele en El Salvador, la comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de las relaciones en el bloque andino. Por ahora, el diálogo está condicionado a la existencia de un «ambiente de buena voluntad», un escenario que parece lejano mientras el intercambio comercial se reduce a la mitad y las fronteras se mantienen en disputa política.
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