El Gobierno de Estados Unidos advirtió este viernes que mantiene «todas las opciones sobre la mesa» para responder a las acciones de la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución que exige la liberación de los presos políticos y la convocatoria a elecciones en Nicaragua.
En rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria de la OEA, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, detalló que el acuerdo prevé una evaluación de seguimiento en un plazo de noventa días por parte de una delegación especial, período tras el cual Washington evaluará los mecanismos de presión hacia Managua.
Ruptura de vías diplomáticas y demanda de condiciones democráticas
Segura enfatizó que el Ejecutivo nicaragüense «no tiene voluntad de negociar», citando la reciente decisión de Managua de rechazar el beneplácito a la embajadora designada Natasha Franceschi, diplomática postulada por la Administración estadounidense. Según el funcionario, el gesto demuestra la negativa del régimen a entablar un diálogo profesional.
La resolución, aprobada por unanimidad tras ser promovida por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú, insta a las autoridades nicaragüenses a garantizar «elecciones libres, justas e inclusivas», restituir la separación de poderes, informar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a los apátridas. No obstante, el documento omitió la aplicación de sanciones económicas o normativas directas.
A pesar de la aprobación del texto, la cumbre registró una baja representación de alto nivel: solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus cancilleres —Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití—, mientras las restantes delegaciones acreditaron a representantes de menor rango.
Alerta por deportaciones de opositores nicaragüenses en EE. UU.
Durante la comparecencia, Segura fue consultado sobre el estatus migratorio de ocho ciudadanos nicaragüenses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), remitiendo la responsabilidad del caso al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch (HRW), precisaron que siete de los detenidos forman parte del grupo de 222 presos políticos que fueron desterrados a territorio estadounidense en febrero de 2023 tras ser declarados «traidores a la patria» y despojados de su nacionalidad por el Poder Judicial nicaragüense.
Esta situación se enmarca en un incremento severo de las repatriaciones. De acuerdo con balances presentados por HRW sobre datos oficiales de ICE, más de 6.300 nicaragüenses han sido deportados a su país de origen entre enero y julio de este año, cifra que casi duplica los registros del mismo período en 2025, sumado a más de 1.100 ciudadanos remitidos a terceros países desde comienzos del año anterior.
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