Estados Unidos (EEUU) sancionó a 21 funcionarios venezolanos a los que acusa de «represión» y de intentar «robar» las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que se proclamó la reelección de Nicolás Maduro, un resultado cuestionado por la oposición y parte de la comunidad internacional.
Esta nueva ronda de sanciones llega después de que la Administración de Joe Biden, que el próximo 20 de enero pasará el relevo al republicano Donald Trump, reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el «presidente electo» de Venezuela.
Dentro de la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro está el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa.
También hay altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a los que acusa de «reprimir violentamente las manifestaciones pacíficas» tras las elecciones.
Entre ellos está Alexis Rodríguez Cabello, director del SEBIN y primo del ministro de Interior, Diosdado Cabello, y también el jefe de la DGCIM y de la Guardia de Honor Presidencial, Javier Marcana Tabata.
Bajo esta decisión quedan bloqueadas todas las propiedades de los sancionados en Estados Unidos y se prohíbe llevar a cabo transacciones financieras con esas personas.
Hasta la fecha, el Tesoro estadounidense ha sancionado a 150 venezolanos y a un centenar de entidades del país caribeño por acometer «acciones antidemocráticas».
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