El Gobierno de Estados Unidos repatrió a Venezuela a Rafael José Quero Silva, excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) señalado por su presunta participación en la detención arbitraria y tortura de decenas de manifestantes opositores. El exoficial había sido aprehendido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en febrero de 2025 en el sur de Florida, tras haber violado las condiciones de su permanencia legal en el país.
Según los reportes de ICE, Quero Silva ingresó a territorio estadounidense en junio de 2016 a través del Aeropuerto Internacional de Miami, acumulando desde entonces un estatus irregular. El venezolano permaneció arrestado en suelo norteamericano hasta formalizarse su orden de expulsión.
Acusaciones por violaciones de derechos humanos y torturas
Antes de su llegada a Estados Unidos, Quero Silva ejerció el mando de un destacamento de la GNB en Barquisimeto, estado Lara. Informes oficiales citados por la agencia de seguridad estadounidense indican que, en 2013, el militar supervisó de forma directa la detención y el uso excesivo de la fuerza contra al menos 74 manifestantes pacíficos.
Durante los períodos de custodia, las víctimas fueron sometidas a tratos crueles e inhumanos, que incluyeron la aplicación de descargas eléctricas, agresiones físicas con objetos contundentes, amenazas de violencia sexual y diversos tipos de abuso psicológico dentro de las instalaciones militares bajo su cargo.
Balance institucional de ICE sobre sanción a violadores de DD. HH.
La expulsión de Quero Silva se enmarca en las políticas del Departamento de Seguridad Nacional para impedir que personas vinculadas a crímenes internacionales residan en su territorio. Desde 2003, las autoridades estadounidenses han detenido a más de 520 individuos acusados de cometer violaciones a los derechos humanos bajo distintas figuras penales y migratorias.
Asimismo, las operaciones de ICE han permitido conseguir órdenes de deportación para 1.178 presuntos responsables de abusos y crímenes de guerra, facilitando la salida de otros 208 implicados y emitiendo más de 80.000 alertas internacionales sobre posibles infractores.
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