El Gobierno del presidente Gustavo Petro atraviesa un severo escándalo político a escasos días de culminar su mandato el próximo 7 de agosto de 2026. Las acusaciones cruzadas en la cúpula del Ejecutivo, sumadas a señalamientos de tráfico de influencias y contrataciones irregulares, han puesto al mandatario saliente en el centro de las críticas.
A continuación, los puntos clave para comprender la crisis política que salpica la recta final de la primera administración de izquierda en la historia reciente de Colombia.
Títulos express y el meteórico ascenso de Juliana Guerrero
El origen del conflicto se remonta a finales del año pasado, cuando salió a la luz pública el nombre de Juliana Guerrero, una joven de 23 años. Siendo asesora del Ministerio del Interior, Guerrero fue presentada por Petro en un consejo de ministros televisado como la futura viceministra de la Juventud.
El nombramiento se frenó luego de revelarse que la Fundación Universitaria San José le otorgó los títulos de tecnóloga en Gestión Contable y profesional en Contaduría Pública sin haber presentado las pruebas de rigor. Pese al escándalo académico, la joven continuó vinculada al Ejecutivo manejando asuntos de alta relevancia con el respaldo directo del jefe de Estado.
Ruptura en la Casa de Nariño: La advertencia sobre «el poder paralelo»
El enfrentamiento interno se agudizó tras la salida de Angie Rodríguez, antigua mano derecha de Petro y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Tras tensiones con otros altos funcionarios, Rodríguez fue apartada del Dapre y reubicada en la gerencia del Fondo de Adaptación.
Desde su gestión en la Presidencia, Rodríguez alertó sobre el desmedido poder de Guerrero. «Yo le dije: ‘No, señor presidente, porque ella no es profesional y por lo tanto no la puedo nombrar'», declaró Rodríguez a la emisora Blu Radio, donde subrayó que la influencia de la joven dentro del Gobierno «no era normal».
Venta de influencias y el cobro de comisiones millonarias
La crisis escaló a un nivel crítico tras una investigación publicada por la revista Semana, en la que se acusa a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica de ofrecer a empresarios la facilitación de contratos estatales a cambio de pagos de comisiones.
El esquema presuntamente exigía un cobro inicial de un millón de pesos (aprox. $315 USD) por una cita con Guerrero, un anticipo de 200 millones de pesos (aprox. $65.520 USD) para iniciar gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor total de los contratos adjudicados. Ante las pruebas, Petro se desmarcó de los señalamientos, afirmando que, de comprobarse, se trataría de una estafa entre particulares y no de una conducta institucional de su administración.
Guerra judicial y acusaciones de una «red de influencias»
La respuesta del presidente Petro contra su excolaboradora elevó la tensión institucional. El mandatario tildó a Rodríguez de «gran manipuladora» y «paciente psiquiátrica», llegando a divulgar fragmentos de su historia clínica en redes sociales y anunciando acciones penales por calumnia.
Rodríguez, protegida legalmente contra el despido por encontrarse de baja médica, contraatacó formalmente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, denunciando a Petro por injuria, calumnia y tráfico de influencias. Asimismo, la exfuncionaria alertó que este modus operandi se repite en otras dependencias, citando el caso de Gabriela Muñoz —estudiante de 20 años vinculada a contrataciones en la Aeronáutica Civil (Aerocivil)—, lo que insinuaría la existencia de una «red de influencias» incrustada en el Estado.
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