Bogotá.- La crisis humanitaria en la región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, se ha acentuado durante la cuarentena por el coronavirus, aprovechada por grupos armados ilegales que se disputan el control de economías ilegales vinculadas al narcotráfico para cimentar su poder.
«El conflicto armado en el Catatumbo es una realidad, hablar de posconflicto es un exabrupto», advirtió Víctor de Currea-Lugo, analista de conflictos, durante un foro virtual sobre esa región, una de las mayores productoras de coca del país, convocado por la fundación Friedrich-Ebert Stiftung en Colombia (Fescol).
En el Catatumbo, al igual que otras áreas convulsas, como los departamentos del Cauca o el Chocó, la paz firmada con las FARC en noviembre de 2016 nunca se materializó porque antes de que se secara la tinta del acuerdo otros grupos armados ya estaban en disputas territoriales.
Esa confrontación se agudizó en 2018 cuando las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), esta última dedicada al narcotráfico, se declararon la guerra en el Catatumbo, situación que constantemente pone en peligro la vida de más de 250.000 personas de la zona, muchas de ellas desplazadas de sus tierras por los enfrentamientos.
En ese sentido, la portavoz de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), Olga Quintero, denunció el desplazamiento en las últimas semanas de 170 familias «que huían de la presencia de erradicadores de cultivos ilícitos y del fuego entre grupos armados».
COCTEL DE GUERRILLA Y NARCOTRÁFICO
En el Catatumbo, que abarca 10.089 kilómetros cuadrados, en su mayoría selváticos, bandas criminales y grupos paramilitares como los Rastrojos, el Clan del Golfo o la disidencia del Frente 33 de las FARC también se pelean a muerte para quedarse con la parte del pastel que antes controlaban las FARC.
Para mostrar su poder, tanto el ELN como el EPL hicieron en febrero «paros armados» que paralizaron durante dos semanas las actividades en la mayoría de los municipios de la zona: Tibú, El Tarra, Sardinata, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, Ábrego y Bucarasica.
«El Catatumbo vive una confrontación de diferentes grupos armados, lo que denota una continuación del conflicto armado interno que no se terminó con la negociación de las FARC», afirmó el coordinador del Observatorio de DD.HH. y DIH de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Alberto Yepes.
Con la cuarentena que rige en Colombia desde hace dos meses han crecido las tensiones no solo por los choques entre los grupos ilegales sino entre la fuerza pública y campesinos por las erradicaciones forzadas de cultivos ilícitos.
Para De Currea-Lugo, la pandemia del coronavirus, que impide la movilización de las organizaciones sociales, no ha creado un «nuevo Catatumbo», sino que está generando un «Catatumbo plus», profundizando la violencia, la migración, la pobreza, el abandono y la estigmatización que históricamente ha marcado a sus habitantes.
PROTESTAS CAMPESINAS
El conflicto armado en la región converge con «el recrudecimiento de la crisis humanitaria debido a la erradicación forzada de cultivos ilícitos», afirmó el presidente del Comité Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), Rafael Jaimes.
Colombia es el primer productor de coca del mundo y Norte de Santander, departamento del que hace parte el Catatumbo, es el segundo en hectáreas sembradas, con 33.598 de las 169.000 que tenía el país en 2018, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La creciente tensión entre campesinos que siembran coca y los militares y policías encargados de erradicar las matas fue denunciada desde el inicio de la cuarentena por Ascamcat, la ONG Dejusticia y Amnistía Internacional (AI).
Quintero lamentó en el foro el «incumplimiento del acuerdo de paz por parte del Gobierno nacional» en materia de sustitución de cultivos ilícitos, apostando por la «militarización y el envío de cuadrillas de erradicadores».
La presencia militar en el Catatumbo aumentó en octubre de 2018 con la activación de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), compuesta por 3.000 militares, para combatir a los grupos armados ilegales.
Ascamcat y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana de Colombia (Cocam) denunciaron hace una semana que un campesino murió y tres más fueron heridos, así como un militar, en una operación del Ejército para erradicar cultivos de coca en el Catatumbo.
Según esas organizaciones, esa es la tercera muerte de un campesino en choques con militares por las erradicaciones durante la cuarentena.
En ese sentido, Quintero pidió «garantías en los procesos de investigación en los casos de ejecuciones extrajudiciales y de agresiones a campesinos por parte de la fuerza pública».
PAZ DESFINANCIADA
Los participantes en el foro se mostraron escépticos con la iniciativa «Catatumbo Sostenible» que hace parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) incluidos en el acuerdo de paz con las FARC e impulsada por el presidente colombiano, Iván Duque, para invertir en infraestructura y articular estrategias con entidades locales.
Todos coincidieron en que las obras de infraestructura que hacen parte del programa no resuelven las necesidades de fondo de una comunidad que sigue viviendo en medio de las balas de uno y otro lado.
«Las estrategias que el Gobierno plantea para la región no están dando cuenta adecuadamente de una transformación que permita superar los problemas sociales y han privilegiado una militarización», acotó Yepes.
Klarem Valoyes y Ares Biescas EFE
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