La estabilidad laboral en América se ha convertido en un nuevo blanco del recrudecimiento del coronavirus en América, con millones de estadounidenses que perderán desde el lunes una ayuda al desempleo extraordinaria o con los panameños preocupados ante una polémica flexibilización temporal de las normas de empleo.
En medio de peleas y acusaciones partidistas en el Congreso de EE.UU., se esfumó la opción de seguir entregando los 600 dólares semanales adicionales que eran el salvavidas económico para muchas personas desde que la llegada de la pandemia en marzo provocó una ola de despidos masivos.
Algo que afectará a más de 17 millones de estadounidenses que reciben asistencia por desempleo en medio de la debacle económica provocada por la COVID-19, según los últimos datos del Departamento de Trabajo.
Una situación que parece estar lejos de mejorar en un país donde no solo la economía se ha hundido a un ritmo anual del 32,9 % en el segundo trimestre, con un desempleo del 11,1 % en junio, sino que la enfermedad sigue creciendo, tras superar las 150.000 muertes el miércoles y con datos como el cuarto día consecutivo con récords de decesos en Florida, que este viernes registró 257.
¿PROTECCIÓN DEL TRABAJO O VULNERACIÓN DE DERECHOS?
En Panamá, la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó un proyecto de ley que flexibiliza de manera temporal las normas laborales, pese al rechazo de los sindicatos, que lo consideran una vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores.
Para «proteger» y «preservar» los empleos, la ley que podría sancionarse la próxima semana, recoge 12 medidas temporales con validez hasta el 31 de diciembre y que solo se aplicarán a empresas afectadas por la pandemia, incluyendo suspensión de contratos laborales, reducción de la jornada y del monto del bono extraordinario anual conocido como décimo tercer mes.
«Han condenado a la mayoría pueblo panameño al hambre, miseria y desidia. Este proyecto no resuelve los problemas de los trabajadores que están con contratos suspendidos y sin salario; tampoco resuelve el hambre ni los subsidios», dijo a Efe el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez.
Además, el desempleo en Chile llegó al 12,2 % durante el segundo trimestre del año, la cifra más alta desde 2010, un ascenso de 4,9 puntos porcentuales en 12 meses, según se informó oficialmente hoy mismo.
Un dato que se une al del 19,8 % de desempleo en junio revelado el jueves en Colombia, 1,6 % menos que el récord de mayo pero 10,4 % por encima del mismo mes de hace un año, y a la pérdida de más de 1 millón de empleos formales en Brasil durante el primer semestre, como se supo a mitad de semana.
UN PASO ADELANTE, UN PASO ATRÁS
Esta situación sigue generando dudas, avances y retrocesos en las medidas que toman los diversos países de América, que con 9,15 millones de casos y 351.281 muertes sigue siendo uno de los focos de una enfermedad que no para de crecer, como se refleja en el hecho de que Colombia superara hoy los 10.000 fallecimientos.
Por un lado, Argentina prorrogó hasta el 16 de agosto las medidas de aislamiento obligatorio impuestas desde el 20 de marzo para hacer frente a la COVID-19, debido a que «en los últimos días se nota que el virus está circulando más y se detectan más contagios», según el presidente Alberto Fernández.
En Ecuador, Ejército y Policía realizaron operativos de control en Quito, convertida con 13.342 positivos en el centro de la pandemia nacional, especialmente para impedir las muestras de desobediencia de la población a las medidas de distanciamiento social, como el 38 % de la gente que no usa mascarilla en el barrio de Calderón, uno de los más críticos de la capital.
De otra parte, la principal ruta del transporte público municipal de Ciudad de Guatemala reabrió este viernes tras 138 días sin servicio por el coronavirus, parte de las medidas ordenadas el pasado lunes por el presidente Alejandro Giammattei como banderazo a la reapertura de la economía, pese a que el coronavirus se mantiene en plena expansión.
Y en el medio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la capital seguirá en semáforo naranja por sexta semana consecutiva, pero con alerta de riesgo de volver al rojo si se llega a 5.127 personas hospitalizadas.
SIGUE LA PREOCUPACIÓN POR LAS VACUNAS
Lidiando con las distintas aristas que deja la pandemia, los Gobiernos también tienen que preocuparse por el futuro y por una solución definitiva, por lo que EE.UU., el país más afectado por la enfermedad en el mundo, firmó un acuerdo de financiación por 2.100 millones de dólares para el desarrollo de una vacuna con las compañías farmacéuticas francesa Sanofi y británica GSK.
Más de la mitad de esa suma irá dirigida a desarrollo y ensayos clínicos, mientras que el resto se dedicará a la fabricación a gran escala que permitirá entregar 100 millones de dosis iniciales.
«La necesidad de una vacuna para prevenir la COVID-19 es considerable y una única vacuna o una sola empresa no bastarían para responder a la demanda mundial», indicó el vicepresidente de Sanofi, Thomas Triomphe.
Si los resultados son positivos, la aprobación reglamentaria podría obtenerse en el primer semestre de 2021.
Mientras tanto, el principal epidemiólogo de EE.UU., Anthony Fauci, dijo que espera que China y Rusia «estén realmente probando» las vacunas que desarrollan contra la COVID-19 «antes de administrarla a alguien», en momentos en que se han conocido ensayos de posibles de vacunas contra la enfermedad.
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