EFE
A sus 80 años de edad, el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) deberá ir a prisión durante 36 meses mientras es investigado por un presunto lavado de activos con agravante de pertenencia a organización criminal en un caso vinculado a Odebrecht.
El juez Jorge Chávez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó la medida que convertirá a PPK, como se le conoce popularmente, en otro exmandatario peruano en ser encarcelado por el caso Odebrecht, tras la medida similar que se dictó contra Ollanta Humala (2011-2016).
Este permaneció encarcelado durante 9 meses junto a su esposa, Nadine Heredia, pero esa medida fue revertida en mayo de 2018 tras una orden del Tribunal Constitucional, aunque la investigación penal en su contra sigue su curso.
En el caso de Kuczynski, quien se encuentra en una clínica de Lima y se deberá esperar a que reciba el alta médica para aplicar la orden judicial, el magistrado consideró que existen evidencias de que «hizo actos de conversión» de activos, ocultó y dio información falsa, y no cuenta con arraigo en el país, ya que su esposa y su familia residen en Estados Unidos.
El juez señaló que el exmandatario puede ser atendido en prisión de los problemas de salud que llevaron a que sea internado esta semana en la clínica Anglo Americana después de que se dictara 10 días de detención preliminar en su contra.
Chávez ordenó, además, la comparecencia restringida para la secretaria y el chofer del exgobernante, Gloria Kisic y José Luis Bernaola, respectivamente.
Los tres están imputados por su presunta implicación en lavado de dinero de posible origen ilegal de la constructora brasileña Odebrecht a través de consultorías a nombre de Westfield Capital, una empresa de Kuczynski registrada en Estados Unidos, cuando este era ministro del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).
La Fiscalía sospecha que las consultorías, que ascendieron a 782.000 dólares entre 2004 y 2007, son supuestamente unos pagos con apariencia de legalidad para obtener los favores de Kuczynski en la adjudicación de obras públicas como el proyecto de irrigación Olmos y la carretera interoceánica del sur, por la que Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos.
Tras conocer la orden judicial, el abogado de Kuczynski, César Nakasaki, confirmó a Efe que ha interpuesto un recurso de apelación y dijo que espera que en los próximos días «se revierta esa decisión».
Al referirse al estado de salud de su defendido, el abogado dijo que sigue en la unidad de cuidados intensivos, ya que «hasta ahora los problemas de presión arterial no han podido ser controlados».
«Ese es el motivo por el cual primero ingresó al servicio de emergencia y luego ha tenido que ir a cuidados intensivos», acotó.
Por su parte, el congresista Gilbert Violeta, quien es muy cercano al exgobernante, se declaró «sorprendido con esta medida» y la consideró una «arbitrariedad» y un «abuso».
«Cualquier persona con dos dedos de frente se puede dar cuenta de que un hombre de 80 años, con 36 meses de prisión, como lo está dictando este juez, pues prácticamente le están dando una sentencia de muerte», señaló al Canal N de televisión.
El hermano menor del exgobernante, Miguel Kuczynski, comentó, a su turno, que tiene un «gran respeto para el juez», pero agregó que «parece que necesita un poco de ayuda para su trabajo».
Tras asistir al tribunal donde se dictó la resolución judicial, aseguró que cree en la inocencia de su hermano y confirmó que su estado de salud es «estable».
El juez Chávez comunicó su decisión después de que el fiscal José Domingo Pérez ratificó su solicitud de prisión preventiva tras presentar un informe médico que señaló que Kuczynski no tiene una enfermedad grave, incurable o incapacidad física permanente, aunque recomendó seguir su tratamiento por hipertensión arterial.
El fiscal había manifestado que podía optar por solicitar el arresto domiciliario, en caso de un diagnóstico desfavorable para el expresidente.
La prisión de Kuczynski se ordenó pocas horas después de que los restos del también expresidente peruano Alan García fueran cremados, tras haberse suicidado este miércoles cuando iba a ser detenido por el caso Odebrecht.
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