La ofensiva de la fuerza pública contra grupos armados ilegales en Colombia registró un incremento del 34,5 % durante 2025, un giro que analistas interpretan como una respuesta del Gobierno de Gustavo Petro ante los limitados alcances de su política de «paz total». Así lo revela el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicado este martes.
Según el análisis, las acciones militares y policiales pasaron de 174 en 2024 a 234 en 2025. Este repunte incluye un aumento en los bombardeos, capturas estratégicas y operativos contra economías ilegales en zonas críticas, particularmente en las regiones fronterizas con Venezuela y Ecuador.
Este nuevo dinamismo operacional coincide con el nombramiento del general retirado Pedro Sánchez Suárez como ministro de Defensa en marzo de 2025. El cambio de liderazgo buscó recuperar el control territorial en un año marcado por la presión internacional contra el narcotráfico y la proximidad de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está fijada para el próximo 31 de mayo.
«Este viraje responde al desgaste del modelo de negociación con grupos armados, que ha mostrado resultados limitados frente al deterioro de la seguridad», señaló Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la FIP. Durante el actual mandato, las zonas en disputa se duplicaron y el número de integrantes de grupos ilegales creció un 85 %, alcanzando los 27.000 miembros.
Golpe a las economías ilegales
Entre los resultados destacados del último año se encuentran:
La desarticulación de redes financieras y la captura de mandos de las disidencias de las FARC.
La destrucción de decenas de laboratorios de procesamiento de cocaína.
La incautación de armamento tecnológico, incluyendo granadas adaptadas para drones.
El informe resalta que la cooperación con Estados Unidos en inteligencia y tecnología ha sido fundamental para presionar a objetivos de alto valor.
Desafíos estructurales
A pesar del aumento en las cifras operativas, la FIP advierte que la ofensiva por sí sola no garantiza el desmantelamiento de organizaciones criminales que hoy son más «fragmentadas y diversificadas». Los grupos actuales han flexibilizado sus estructuras, lucrándose no solo del narcotráfico, sino también de la minería ilegal y la extorsión.
«Existe el riesgo de confundir la acumulación de resultados operacionales con una transformación estructural del problema de seguridad», advierte el organismo. Para la FIP, el éxito a largo plazo dependerá de articular la fuerza militar con inteligencia financiera, judicialización efectiva y una presencia institucional sostenida en las regiones más vulnerables.
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