Lo que solía ser una próspera zona ganadera y productora del estado Bolívar hoy se debate entre el polvo, el estruendo y el olvido. Los habitantes del municipio Padre Pedro Chien han alzado su voz para denunciar el deterioro inminente de su infraestructura y calidad de vida, consecuencia directa del tráfico pesado vinculado a las minas de oro situadas en el sector Río Grande.
La denuncia, respaldada por el abogado y productor local Rafael Martínez, señala a una flota de camiones tipo volteo, de entre 30 y 40 toneladas, como los principales responsables del colapso vial.
Estos vehículos transportan material aurífero desde yacimientos ubicados en el municipio Antonio Díaz, estado Delta Amacuro que colinda con El Palmar, atravesando una servidumbre de paso que comunica a los sectores campesinos de Río Grande, San José y Juan de Dios. El tránsito pesado ha destruido por completo la carretera que conecta con Villa Lola y la vía hacia Upata por el sector Manganeso, dejando cráteres donde antes hubo asfalto, aseguró.
Crisis sanitaria y abandono institucional
La problemática, que arrastra una data de cuatro años, ha mutado de un problema de infraestructura a una crisis de salud pública. La población padece enfermedades respiratorias constantes debido al levantamiento de polvo, casos de conjuntivitis, bronquitis y dermatitis. A esto se suma la contaminación sónica generada por el paso de maquinaria pesada a cualquier hora del día y de la noche, alterando la paz de la población.
«La situación es grave. No existen recursos en el módulo de asistencia médica y las escuelas se encuentran en avanzado estado de deterioro», explica Martínez. Mientras la riqueza mineral sale del municipio en camiones, los beneficios no retornan a la colectividad en forma de medicinas, educación o reparaciones básicas.
Silencio del Burgomaestre y la indignación popular
Ante la falta de respuestas, las comunidades de Río Grande, San José y Juan de Dios han procedido a trancar las vías principales. El alcalde de la localidad ha hecho presencia ante los manifestantes, pero sin ofrecer soluciones concretas a una problemática que conoce desde hace casi un lustro. La comunidad desconoce si existe un contrato formal de servidumbre de paso o si la concesionaria minera realiza algún aporte económico que compense el daño ambiental y social.
Municipio en emergencia
La mala gerencia municipal parece hacerse «la vista gorda» mientras los daños se tornan irreversibles. El Palmar, otrora orgullo ganadero de Bolívar, hoy sufre las calamidades de una zona minera sin ley ni orden: carreteras intransitables, centros asistenciales vacíos y un ambiente degradado.
Los vecinos advierten que mantendrán las acciones de protesta hasta que se presenten planes reales de inversión en salud, vialidad y educación que compensen la explotación de la zona.
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