Lima.- El primer ministro de Perú, Guido Bellido, presuntamente financió su campaña electoral Congreso con dinero del partido Perú Libre obtenido de supuestos cobros ilícitos realizados por funcionarios del Gobierno regional de Junín, en el centro del país.
Así lo señaló este domingo el diario El Comercio tras acceder al testimonio de un colaborador eficaz (delator premiado) de la investigación que la Fiscalía realiza en el caso denominado ‘Los dinámicos del centro’, donde están involucrados varios miembros del partido oficialista Perú Libre.
Por este caso, Bellido fue incluido esta semana en la investigación por presunto lavado de dinero en la supuesta financiación ilegal de su campaña, junto al líder y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y otras 15 personas.
Bellido, uno de los miembros de la izquierda más ortodoxa de Perú Libre, también está imputado por presunta apología del terrorismo al haber rendido homenaje tiempo atrás en redes sociales a Edith Lagos, una de las caras más conocidas de las primeras acciones terroristas de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso en la década de 1980.
En las últimas elecciones fue elegido congresista por la región de Cusco y, tras el triunfo presidencial de Pedro Castillo, fue designado primer ministro, lo que generó disconformidad entre la izquierda moderada y la derecha, que pide su salida para dar el voto de investidura al Ejecutivo.
Según los testimonios recogidos por la Fiscalía, Perú Libre financió presuntamente la campaña de Bellido con dinero obtenido de cobros ilícitos realizados por la Dirección Regional de Transportes de Junín, donde los funcionarios pedían supuestamente sobornos a los solicitantes de licencias de conducir.
A través de estos métodos, la Fiscalía también sospecha que se recaudó dinero para pagar la indemnización de la condena vigente que tiene Cerrón por corrupción en su gestión como gobernador regional de Junín, lo que le impidió ser el candidato presidencial de su partido, lugar que le tuvo que dejar a Castillo.
La sesión para el voto de investidura está programada para el 26 de agosto, el último día laboral dentro del plazo permitido para que el Gobierno acuda solicitar la investidura del Legislativo, que en caso de censurarlo empleará la única oportunidad que tiene de hacerlo sin que el presidente pueda disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones.
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