La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó este jueves ampliar por 30 días más el régimen de excepción contra las pandillas, lo que convertirá la medida, vigente desde el 27 de marzo de 2022, en una herramienta de seguridad de cuatro años de aplicación continuada.
La nueva prórroga, la 49ª consecutiva, fue aprobada con 57 de los 60 votos posibles y extiende la suspensión de garantías constitucionales hasta el 30 de abril de 2026. El decreto argumenta “la aún existencia de grupos terroristas” cuya erradicación total evitaría retrocesos en los avances de seguridad, y señala que la medida ha logrado reducir la tasa de homicidios y capturar a más de 91.650 personas acusadas de vinculación con pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18.
Derechos humanos
El régimen de excepción suspende derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa de quienes son detenidos, amplía la detención administrativa hasta 15 días y permite la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupos de pandillas.
En su marco organizaciones de derechos humanos han documentado al menos 6.889 denuncias de abusos, de las cuales el 98% corresponde a detenciones arbitrarias y el 75% implican a agentes de la Policía Nacional Civil; además, se reportan más de 500 muertes de personas bajo custodia de fuerzas de seguridad.
Aunque el gobierno destaca que el régimen disfruta de un respaldo cercano al 85% de la población y se presenta como clave para la “paz” y la seguridad, expertos internacionales han advertido que las violaciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad, lo que mantiene en tensión el debate entre resultados de seguridad y respeto al Estado de derecho.
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