El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) generó un rechazo generalizado tras anunciar la prolongación del cautiverio de cuatro funcionarios colombianos secuestrados en 2025. Mediante supuestos «juicios revolucionarios», la guerrilla decidió imponer penas de prisión a miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Policía Nacional (Dijin), quienes permanecen retenidos en la zona fronteriza con Venezuela.
De acuerdo con el comunicado insurgente, los funcionarios de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, fueron sentenciados a 60 y 55 meses de cautiverio, respectivamente. Por su parte, los policías Franki Hoyos y Yordin Pérez recibieron penas de 36 y 32 meses. El grupo armado justificó estas acciones basándose en las funciones institucionales que desempeñaban los uniformados al momento de su captura.
Debate político en plena campaña electoral
El anuncio ha irrumpido con fuerza en el debate público a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Candidatos de diversas vertientes, como Roy Barreras e Iván Cepeda, han exigido que la renuncia absoluta al secuestro sea una condición innegociable para cualquier avance en los diálogos de paz. En contraste, el aspirante Abelardo de la Espriella ha criticado duramente las actuales políticas de paz, prometiendo una respuesta militar contundente contra las estructuras criminales.
Exigencias de las instituciones del Estado
La Procuraduría General, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia emitieron declaraciones conjuntas calificando de «inaceptable» que un grupo ilegal se arrogue funciones judiciales. El procurador Gregorio Eljach subrayó que ninguna estructura criminal puede disponer de la libertad y dignidad de los ciudadanos, mientras que el sistema judicial recordó que estas acciones dinamitan la confianza de la sociedad en los procesos de paz.
Pronunciamiento de organismos internacionales
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al ELN a liberar a los cautivos de forma inmediata y sin condiciones. El organismo internacional recordó que la privación arbitraria de la libertad y la imposición de penas por parte de actores no estatales representan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que complica aún más el panorama de los diálogos actualmente suspendidos.
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