El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, aclaró que su país no realizó ninguna investigación independiente sobre la ola de protestas registrada a finales de 2019. Las declaraciones se produjeron al término de una reunión en Santiago con el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, motivada por comentarios previos del diplomático donde vinculaba a grupos de izquierda con los actos violentos.
La tensión escaló luego de que Judd afirmara en una entrevista televisiva que la inteligencia estadounidense sostenía categóricamente que la violencia del estallido provino de organizaciones de ideología de izquierda. Asimismo, sus palabras coincidieron con las vertidas por la subsecretaria de Diplomacia de EE. UU., María Teresa Rogers, en el V Foro Madrid realizado en Santiago, donde acusó a «extremistas de izquierda» de la destrucción del transporte público en 2019.
Ante estas afirmaciones, el canciller Pérez Mackenna citó al diplomático para solicitar oficialmente la entrega de dichos informes. Tras la reunión, el ministro remarcó la posición del Ejecutivo:
Injerencia externa: «Los embajadores no deben opinar sobre la política interna de los países en los que están. Eso se lo hemos hecho saber ya en varias oportunidades».
Interés nacional: El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que es prioritario recibir cualquier antecedente útil para ponerlo a disposición de la Justicia y dar con los responsables de los hechos.
Rectificación de la legación estadounidense
Al abandonar la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Judd suavizó su postura y aclaró que Estados Unidos no posee datos de inteligencia directos ni pruebas sobre personas o agrupaciones específicas.
«No hicimos una investigación independiente; lo que hicimos fue revisar información que venía de su Congreso, sus académicos y su policía», puntualizó el embajador, añadiendo que Washington jamás enviará agentes a investigar en territorio chileno sin una invitación formal.
Causa judicial abierta y sin imputados clave
A casi siete años de los acontecidos en octubre de 2019 —que dejaron una treintena de fallecidos, miles de heridos y graves denuncias por violaciones a los derechos humanos—, la Justicia chilena aún no ha determinado la autoría intelectual de los ataques incendios contra el Metro de Santiago. Recientemente, una Comisión Investigadora del Congreso concluyó sus indagatorias sin hallar evidencia de financiamiento ni nombres de instigadores de la crisis social.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
