Montevideo, Ecuador. El etiquetado frontal de alimentos con octógonos negros que indican los excesos de cada producto, comenzó a regir este 1 de febrero en Uruguay no sin despertar la polémica por cambios a último momento de los mínimos fiscalizables.
El decreto, dictaminado en 2018 durante el Fobierno del Frente Amplio (FA-izquierda) que encabezaba Tabaré Vázquez (2015-2020), fue aplazado hasta marzo de 2020 y cuando llegó el actual Gobierno del centroderechista Luis Lacalle Pou se volvió a postergar hasta ahora.
Sin embargo, la polémica saltó cuando, días antes de comenzar a regir, el Ejecutivo modificó los límites mínimos de tolerancia para fiscalizar en el decreto.
Si bien el decreto ya comenzó a regir y las empresas deben amoldar su situación para etiquetar con el octógono negro en caso de ser necesario, modificar los límites despertó críticas fundamentalmente por parte de los representantes de la medicina uruguaya.
Mientras que en septiembre la base para el cálculo eran 400 gramos de sodio, 10 de azúcares, 9 de grasas totales y 4 de grasas saturadas, en el nuevo decreto se modificó a 500, 13, 13 y 6, respectivamente.
En concreto, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Grecco, dice a Efe que este cambio les preocupa mucho porque significa elevar «de forma sustancial» los límites mínimos aprobados en septiembre y ello se traduce en un aumento de entre 25 y 50 % en los niveles de tolerancia.
«Vemos con preocupación este incremento de los alimentos que no tiene un sustento científico por detrás, no es acorde a las referencias internacionales y obviamente entendemos que responde a las presiones de la industria», considera Grecco.
Aunque todavía estudian el impacto, señala que una gran cantidad de alimentos van a quedar sin rotulado a partir de esta modificación y que los que se van a ver más beneficiados son los que están dirigidos a la población infantil.
Pese a ello, reconoce que es bueno que el decreto empiece a implementarse porque la evidencia muestra que el octógono negro es el que reporta «mejores resultados».
BAJAR EXIGENCIAS PARA EVITAR SALTOS ABRUPTOS
Tras la polémica y las críticas recibidas, el ministro de Industria Energía y Minería, Omar Paganini, cuenta a Efe que, si bien el Gobierno «sigue apoyando» la estrategia de los octógonos negros, decidieron cambiar los mínimos anunciados en septiembre debido a que las exigencias anunciadas eran «un salto demasiado abrupto» para la industria.
Paganini asegura que las medidas actuales son muy similares a las que había aprobado la administración de Vázquez y que las exigencias irán aumentando pero «como un proceso».
«Tiene que permitir, al mismo tiempo que la población vaya ajustando el gusto a menores contenidos de sodio, de grasa, de azúcar y que la industria vaya reformulando sus alimentos», explica.
Durante el proceso de estudio se trabajó en cooperación con técnicos del Mercosur ya que tenían que dialogar con los socios debido al gran intercambio de alimentos de la región.
Según compara, Argentina tiene media sanción, Brasil tiene una aprobación similar a la uruguaya y el único más avanzado es Chile, que ya lleva años en este camino.
«Era riesgoso, no era bueno y era un salto demasiado grande que de alguna forma llena de etiquetas la góndola pero también desvaloriza el valor de la etiqueta negra y el esfuerzo de reformular, porque si uno pone demasiado lejos el objetivo el alimento no se puede reformular para que sea parecido y el impacto se pierde», considera.
Paganini sostiene que estos cambios cuentan con el aval del Ministerio de Salud Pública y que, aunque están dispuestos a reunirse con organizaciones médicas y con parlamentarios, para él «ya es un tema cerrado» y es momento de fiscalizar.
Aunque más adelante habrían más exigencias, de momento no está estipulado cuándo se volverían a analizar los niveles.
PREOCUPACIÓN PARLAMENTARIA
Los cambios sorprendieron a los integrantes de la Comisión de Salud del Parlamento y por ello hubo un pedido a las autoridades para que asistan a explicar las razones.
Al respecto, la diputada del Partido Colorado Nibia Reisch cuenta a Efe que no tenían ningún tipo de información y, lo que más le llamó la atención, es que viniera desde el Ministerio de Industria porque «tiene repercusión sobre la salud de la población».
«Que existe un retroceso en este tema, sin dudas, pero primero tenemos que saber por qué y qué tanto peso tienen esos fundamentos (…) llama mucho la atención en forma general que un Ministerio de Industria incida sobre temas de salud», detalla.
Si bien coincide con el etiquetado, para la diputada -que además es licenciada en Nutrición- tiene que haber un «abordaje multifactorial» sobre la alimentación, para que la población esté más informada.
En tanto, la diputada del FA Cristina Lustemberg enfatiza que este proceso empezó en 2016 para dar respuesta a «un problema grave» que tiene el país vinculado a la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles que representan » el 80 % de la morbimortalidad».
«Soy respetuosa de que cada gobierno puede tomar sus decisiones, pero la variabilidad, las idas y venidas que ha tenido este decreto, no implementándose como estaba previsto el 1 de marzo de 2020 y con los decretos posteriores lo que hace es que genera mucha inestabilidad tanto para los consumidores como también para el ámbito empresarial», considera.
Lustemberg sostiene que Uruguay tiene un problema grave, que se ha trabajado con múltiples organizaciones sociales, médicas, Ministerios e incluso con empresarios que ya mejoraron «de forma notable» sus productos.
«Con esta nueva rotulación de este nuevo decreto que encima se anuncia tres días antes de la implementación también la industria va a tener que adecuarse ¿entonces cuando vamos a tener los ciudadanos garantías de que lo que consumimos está en un proceso de fiscalización?», cuestiona.
Para la diputada, que además es médica y pediatra, el etiquetado no es ir en contra de la industria, sino a favor de la salud pública y por ello quieren tener las respuestas técnicas de estas variaciones.
EFE noticias
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