En Venezuela se registraron 155 conflictos laborales en el segundo trimestre de 2024, lo que supone una disminución del 8,8 % con respecto al primer trimestre del año, cuando se registraron 170 reclamos, informó este viernes el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).
A través de una nota de prensa, el Inaesin indicó que 30 de los conflictos laborales se registraron en junio pasado, «mes en el que la baja en el número de reclamos se explica por la cercanía de los comicios presidenciales del 28 de julio».
«En el sexto mes del año, los trabajadores apoyaron los llamados a constituir grupos de trabajo para las campañas electorales», añadió.
Asimismo, dijo que el mes pasado el sector educación protagonizó el 50 % de las protestas, seguido del personal del sector salud (10 %) y en tercer lugar -dijo- se ubicaron los trabajadores de las industrias básicas (6,6 %).
«Los reclamos por salarios dignos siguen encabezando los motivos de descontento, en 63,33 % de los casos», agregó.
La exigencia de mejores condiciones de trabajo, prosiguió, ocupó el segundo lugar con el 16,6 % de los casos, mientras que «el acoso laboral estuvo presente en 10 % de las quejas de los trabajadores».
«La mayoría de los reclamos fueron realizados por trabajadores del sector público con 93,33 %, y la presencia de los sindicatos en los conflictos de junio fue de 50 %», sostuvo.
«Las organizaciones de trabajadores continúan denunciando las pésimas condiciones en las que prestan sus servicios, así como los ínfimos salarios que perciben y que les impide cubrir sus necesidades básicas, por lo que tienen que recurrir a otras actividades que les ayude a compensar sus ingresos», indicó Inaesin.
El salario mínimo, referencia para el resto de remuneraciones en el sector público, se mantiene en 130 bolívares al mes, hoy 3,5 dólares, un 88 % menos respecto a los 30 dólares a los que equivalía cuando fue aumentado por última vez, en marzo de 2022, como consecuencia de la devaluación de la moneda local frente a la divisa estadounidense.
Además, los trabajadores públicos perciben bonos de hasta un máximo de 130 dólares -cancelados en bolívares a la tasa oficial- que no generan beneficios ni pasivos laborales.
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