
El excandidato presidencial, Enrique Márquez, mostró su preocupación por la metodología empleada por el Parlamento Nacional en el actual proceso del nombramiento de las autoridades del Poder Ciudadano.
En este sentido, Márquez, en una misiva dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, advirtió que estos cargos no deben ser producto de “cuotas partidistas” ni de “procedimientos acelerados que sacrifiquen su legitimidad”.
A través de su cuenta en la red social X, Márquez, quien se define como un “ciudadano comprometido con la reinstitucionalización del país”, manifestó su “profunda preocupación ante la metodología empleada en el actual proceso de nombramiento” de quienes ocuparán las vacantes del Fiscal General de la República y la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, instó a la Asamblea Nacional a que se evite el uso de “atajos legales” o “interpretaciones restrictivas que empañen la confianza ciudadana”.
Agregó que el país “no puede permitirse perder esta oportunidad de hacer las cosas de manera diferente” y, a su juicio, continuar con las prácticas del pasado, “profundizaría la crisis que hoy buscamos superar”. “La legitimidad de origen de estos cargos será el cimiento de la paz social”, expresó.
Por consiguiente, Márquez propuso que el nombramiento de ambos cargos se debe hacer “bajo el rigor del derecho y el escrutinio público”, considerando que esta es una señal más clara de que Venezuela “ha regresado definitivamente a la senda del Estado de derecho”.
Resaltó que el país vive en un «momento definitorio» y que «Venezuela tiene hoy la oportunidad de transitar un proceso de transformación hacia el pleno restablecimiento de la democracia, una coyuntura que exige de sus instituciones la mayor transparencia, integridad y apego a la voluntad soberana expresada en nuestra Carta Magna».
Recordó que la Constitución establece un «procedimiento riguroso para garantizar la independencia» del Poder Ciudadano y exigió que sea revisado el artículo 279, que “obliga al Consejo Moral Republicano a convocar un Comité de Evaluación de Postulaciones, integrado por representantes de diversos sectores para un proceso público de selección”. “Este artículo es la garantía de que el proceso sea participativo y no a puertas cerradas”, puntualizó.
También mencionó el artículo 281, sobre la Defensoría del Pueblo, y el 284, donde se menciona a la Fiscalía General, ratificando la “autonomía e idoneidad” que “debe revestir la figura” del director de la acción penal en el país.
Cabe resaltar que este lunes, la Asamblea Nacional anunció la extensión del proceso de postulaciones hasta el próximo 13 de marzo a las 12 de la noche.
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