El opositor venezolano Enrique Márquez propuso este viernes la eliminación del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). A juicio del dirigente, ambos organismos funcionan como estructuras de represión política, por lo que resulta indispensable reemplazarlos por instituciones modernas y democráticas al servicio de la ciudadanía.
Propuesta de reestructuración de los cuerpos de inteligencia
Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), enfatizó mediante una nota de prensa que el país requiere instituciones que garanticen los derechos ciudadanos y la justicia. Para ello, planteó la creación de nuevos organismos de inteligencia profesionales, dotados de personal capacitado, sujetos a controles democráticos y bajo estricta supervisión judicial, dejando de lado los intereses partidistas. En sus informes sobre Venezuela, la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas ha señalado a la DGCIM y al SEBIN como responsables de violaciones de derechos humanos.
Descentralización de los tribunales con competencia en terrorismo
Por otra parte, el político calificó como un avance la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de modificar la estructura de los tribunales con competencia en terrorismo, retirándoles la exclusividad a cuatro juzgados concentrados en Caracas y transfiriendo dicha atribución a todos los juzgados de control a nivel nacional. Márquez sostuvo que estas instancias fueron diseñadas para perseguir a la disidencia y vulnerar el derecho a la defensa.
Exigencia de libertad plena para los presos políticos
El exdiputado señaló que estas medidas deben complementarse con la liberación incondicional de todos los presos políticos y el cierre de los expedientes abiertos por motivos políticos. En ese sentido, solicitó el levantamiento de las medidas de presentación periódica, las prohibiciones de salida del país y los arrestos domiciliarios, argumentando que la persecución no cesa si persisten las restricciones para trabajar, movilizarse o participar en la vida pública.
Reacción de organizaciones de derechos humanos
Respecto a la medida del TSJ, el codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, aclaró a la agencia EFE que la decisión no implica la abolición de los juzgados antiterrorismo, sino la redistribución de esa competencia hacia los tribunales estatales. Aunque consideró que se trata de un paso positivo, Daniels advirtió que la medida dista de resolver de forma integral la problemática de la instrumentalización de la justicia.
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