Managua.- El Gobierno de Nicaragua puso este lunes en vigor una polémica Ley Reguladora de Agentes Extranjeros que establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en «cuestiones, actividades o temas de política interna».
La entrada en vigencia de esa norma fue ordenada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y publicado este lunes en el Diario Oficial La Gaceta.
Esa ley, aprobada el jueves pasado por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional (Parlamento), recibió el rechazo de Estados Unidos, el Parlamento Europeo, la oposición local y las ONG de Nicaragua.
INHIBE A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR
Esa ley clasifica como «agente extranjero» a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad «que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua», según el texto.
Establece que los clasificados como «agentes extranjeros» no podrán participar en la vida política nacional, incluso si son nicaragüenses.
Serán clasificados como «agentes extranjeros» quienes se dediquen a la publicación o difusión de información oral, visual, gráfica, escrita o pictórica o de cualquier tipo de material, incluida la publicación por medio de anuncios, libros, periódicos, conferencias, transmisiones, películas, tecnologías de la información y la comunicación u otros.
También quienes, dentro de Nicaragua, perciban fondos, bienes o cualquier objeto de valor provenientes de personas naturales, Gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo de naturaleza que sea.
Además, el consultor político, los empleados del servicio de información, y los relacionistas públicos que reciban dinero del extranjero.
¿QUIÉNES ESTÁN EXENTOS?
La ley excluye de clasificar como «agentes extranjeros» a los residentes pensionados y rentistas, y a las personas que reciben remesas familiares.
También a las empresas productivas y comerciales extranjeras con filiales o sucursales en Nicaragua; las fábricas, industrias y cadenas de supermercados con inversión extranjera, sus trabajadores y prestadores de servicios; y a las personas que establezcan relaciones comerciales bajo las condiciones de acuerdos, tratados o convenios comerciales.
Además, a los organismos intergubernamentales de carácter humanitario, así como las misiones diplomáticas, organismos internacionales, agencias de cooperación internacional y el personal de estas entidades debidamente acreditados en Nicaragua.
Asimismo, excluyen a los medios de comunicación social internacionales y a sus corresponsales, y a las personas jurídicas de carácter religioso que estén debidamente inscritas ante el Ministerio de Gobernación.
Los «agentes extranjeros» deberán registrarse ante el Ministerio de Gobernación, que será la encargada de regular, supervisar y sancionar en base a esa norma.
Estados Unidos, la Eurocámara, la oposición nicaragüense y los organismos humanitarios han expresado su rechazo a esa ley con el argumento de que puede ser usada como un «instrumento de represión» por el Gobierno de Ortega contra sus críticos, incluyendo la prensa no oficial.
Esa ley fue aprobada en el marco de una grave crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos y decenas de miles en el exilio, y a menos de 13 meses de que en Nicaragua se celebren elecciones generales.
EFE
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