La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregaron a familiares los cuerpos de tres mujeres, dos de ellas menores de edad, desaparecidas desde hace más de 20 años y que fueron asesinadas por el Ejército colombiano.
Los cuerpos de Claribel Rodríguez Sierra, Claudia Patricia Peña y la indígena wiwa Elibeth Vega Izquierdo fueron entregados a sus familiares en los departamentos de Norte de Santander y La Guajira, fronterizos con Venezuela.
De acuerdo con la investigación de la JEP, el «crimen se perpetró» después de que las tres desertaron de las filas de las FARC, fueron retenidas por el frente Mártires del Valle de Upar del Bloque Norte de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y «entregadas al Grupo de Caballería Mecanizado Nº 2 Juan José Rondón (GMRON)» del Ejército.
En el momento en que fueron asesinadas, Peña y Vega eran menores de edad. Los tres cuerpos estaban en el Cementerio Central de San Juan del Cesar, en La Guajira (norte).
«Las víctimas identificadas fueron presentadas como falsas bajas en combate por integrantes del Ejército Nacional», conocidas en Colombia como ‘falsos positivos’, agregó la JEP.
Uno de los episodios más oscuros del conflicto de Colombia lo constituyeron los ‘falsos positivos’, política con la que el Ejército engañó y ejecutó a jóvenes inocentes para hacerlos pasar como bajas guerrilleras en combate y, de esa forma, lograr ascensos y permisos por sus supuestos éxitos en la lucha contra las guerrillas.
Investigación de la JEP
De acuerdo con la investigación de la JEP, Rodríguez tenía 14 años cuando desapareció, en el 2000. Salió de su casa con destino a su colegio en Villanueva (La Guajira), donde cursaba cuarto de primaria, pero nunca regresó.
Desde ese momento, sus familiares comenzaron a buscarla y a preguntar por ella. Les informaron que se había ido con un amigo, pero más tarde descubrieron que estaba en las FARC.
Ese mismo año, ocurrieron casos similares, como el de Claudia Patricia Peña, de 13 años, quien vivía en San Juan del Cesar, a donde se había trasladado con su familia desde Norte de Santander.
Durante ese mismo periodo, también se conoció el caso de Elibeth Vega, compañera de Claudia, quien a sus 11 años también estaba en el grupo guerrillero.
Desde que se decretó la medida cautelar para proteger el cementerio de San Juan del Cesar, la UBPD y la JEP han entregado de forma digna los cuerpos de ocho víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
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