Formalmente, Venezuela debe 20,7 millones de dólares a bufetes de abogados estadounidenses que llevan litigios contra acreedores que buscan cobrar deudas por impagos de bonos y nacionalizaciones llevadas a cabo hace más de 15 años, según un documento visto por Reuters.
El Estado venezolano debe a tenedores de bonos y empresas más de 60.000 millones de dólares por nacionalizaciones ejecutadas básicamente durante la administración del fallecido presidente Hugo Chávez, así como por bonos en default del país y de la petrolera estatal PDVSA.
Algunos tribunales estadounidenses han concedido a los acreedores derechos para negociar la venta de activos venezolanos en el extranjero con el fin de cobrar las deudas, como la refinería Citgo, la joya de la corona de los activos de Venezuela en el extranjero y filial de PDVSA.
Sin embargo, algunos activos están protegidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El gobierno interino del ex líder opositor Juan Guaido, destituido a finales del año pasado por votación en la AN 2015, había contratado a unos ocho bufetes de abogados para gestionar litigios con empresas y tenedores de bonos, incluido uno que pretendía anular los bonos 2020 de PVDSA, que había ofrecido Citgo como garantía.
Entre octubre de 2020 y octubre de 2022, el parlamento opositor de Venezuela autorizó pagos de casi 30 millones de dólares a los abogados, pero según el documento, aún no se les ha pagado 20,7 millones de dólares.
En el documento, un informe del equipo de fiscales del gobierno interino, los abogados afirman que de no seguir adelante con las demandas se arriesgarían a perder los activos en el extranjero.
Los grupos de la oposición sostienen que el control de los activos en el extranjero no está en peligro, a pesar de la destitución del gobierno interino el mes pasado, aunque no han dado detalles de lo que ocurrirá con los litigios en curso.
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