En Venezuela se registraron 24 violaciones al derecho a la libertad de expresión en enero, una disminución del 29,4 % en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se computaron 34, según datos difundidos por la organización no gubernamental Espacio Público.
En una nota de prensa, la ONG señaló que la mayoría de las violaciones documentadas fueron «actos de censura, intimidación y ataques a periodistas, medios de comunicación, activistas y organizaciones de la sociedad civil».
Aseguró que el Estado «se mantiene como el principal victimario y agresor a la libre expresión en el país», al señalar a instituciones, cuerpos de seguridad y funcionarios, además de «simpatizantes del oficialismo», entre los responsables de estas violaciones.
En su reporte, Espacio Público incluyó el caso de dos periodistas a los que funcionarios de una empresa estatal «obligaron a borrar el material fotográfico y audiovisual» que habían tomado en una actividad de la compañía, y el de otro comunicador y activista social de Caracas que fue víctima de «intimidación y acoso» a través de redes sociales por parte de «simpatizantes del oficialismo».
El pasado noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela, «igual que por muchos años», se mantiene el «constante y sistemático régimen de censura» que «genera autocensura entre los medios» independientes.
Según dijo entonces la SIP, en el país caribeño «al menos dos emisoras salen del aire cada mes» por orden del ente regulador del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a cuyo «criterio discrecional» están sujetos medios televisivos y radiales.
De acuerdo con datos preliminares de Espacio Público suministrados en enero, el año pasado se registraron 383 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 17,4 % respecto a 2022, cuando se computaron 464.
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