En Venezuela se registraron 204 ataques a la libertad de expresión durante el año 2023, lo que representa una disminución del 11 % con respecto a los 226 casos computados en 2022, según el informe anual de la ONG Espacio Público revelado este viernes, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

«Durante 2023, registramos, al menos, 204 casos, lo cual representa una disminución del 11 % con relación al número de situaciones registradas en 2022», reza el informe de la organización.

Asimismo, dijo que aunque en 2023 se registró la «menor cantidad de eventos» en la última década, la incidencia «se mantiene por encima del promedio de casos previo a 2013».

«Este último periodo de estudio mantuvo un estancamiento de la agenda política y de desmovilización de los partidos políticos opositores, sin embargo, los tipos de casos registrados fueron más violentos, al involucrar mayores vulneraciones a la libertad personal, respecto al año anterior», agregó.

La principal violación registrada, prosiguió Espacio Público, fue la intimidación (31,5 %), seguido de la censura (25,8 %), el hostigamiento verbal (12,2 %), la amenaza (9,9 %), la restricción administrativa (8 %), el hostigamiento judicial (7,8 %), la agresión (4,1 %) y el ataque (0,26 %).

Intimidación

La ONG explicó que la intimidación está vinculada a los «impedimentos de desplazamiento, detenciones arbitrarias o asalto a periodistas durante el ejercicio de sus labores».

Los principales victimarios, según Espacio Público, fueron las instituciones del Estado (35,5 %), funcionarios (21,4 %), cuerpos de seguridad (20,6 %), desconocidos (6 %).

Por otra parte, la organización registró 28 detenciones, vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, lo que representa -dijo- un aumento del 65 % con relación a 2022, cuando documentó 17 detenciones.

«Del total de personas detenidas, 16 fueron particulares, 10 trabajadores públicos y dos periodistas», señaló.

A juicio de la organización, estas aprehensiones suelen ser una «medida en represalia por mensajes difundidos en redes sociales o reclamos antigubernamentales enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea».

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