En Venezuela hubo, al menos, 383 violaciones a la libertad de expresión el año pasado, una disminución del 17,4 % respecto a 2022, cuando se computaron 464, según datos preliminares de la ONG Espacio Público.
De acuerdo con el registro de la organización no gubernamental, que prevé terminar la totalización en lo que resta de enero, la mayoría de las violaciones fueron «intimidación» y «censura», con 121 y 99 hechos, respectivamente, seguidos de «hostigamiento verbal», con 47, y «amenaza», con 38.
Asimismo, el año pasado cerró con, al menos, 31 restricciones administrativas, 30 hechos relacionados con «hostigamiento judicial», 16 agresiones y un «ataque».
La mayoría de las víctimas fueron periodistas (120), que representan el 44,9 % del total, además de la «ciudadanía en general», con 40 víctimas, el 14,9 %, señaló Espacio Público.
Por otra parte, el 35,5 % de los «victimarios» fueron «instituciones del Estado», seguidos de «funcionarios», que representan el 21,4 % del total, y «cuerpos de seguridad», con un 20,6 %, según la organización.
En diciembre, la ONG documentó, al menos, 32 violaciones a la libertad de expresión, de las cuales 7 se registraron durante la cobertura del referendo no vinculante celebrado en Venezuela el 3 de diciembre sobre la disputa territorial con Guyana por el Esequibo.
El pasado noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela, «igual que por muchos años», se mantiene el «constante y sistemático régimen de censura» que «genera autocensura entre los medios» independientes.
Según la SIP, en el país caribeño «al menos dos emisoras salen del aire cada mes» por orden del ente regulador del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a cuyo «criterio discrecional» están sujetos medios televisivos y radiales.
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