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Personas se manifiestan durante una protesta en la que exigen mejoras salariales en Caracas (Venezuela), en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

Para el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), César Carballo Mena, el debate laboral en Venezuela no debe centrarse en la creación de una nueva ley, sino en hallar fórmulas que estimulen la inversión, el crecimiento salarial y la seguridad jurídica.

El experto se mostró partidario de una reforma puntual en lugar de una derogación total de la actual Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT). Según Carballo, cualquier cambio debe nacer de una evaluación profunda del contexto actual.

«Hay que tocar estrictamente los institutos que necesiten adaptarse a las nuevas realidades», señaló.

El abogado subrayó que el estancamiento del sistema actual reside en dos puntos que el sector empresarial identifica como obstáculos para el desarrollo: una estructura que afecta la liquidez tanto de entes públicos como privados y un mecanismo que, a juicio del especialista, requiere revisión para permitir un desenvolvimiento normal de las relaciones de trabajo.

Para Carballo Mena, el foco debe estar en entender las causas de la «bonificación» del ingreso.

«Hay que comprender por qué el salario se ha vuelto un elemento secundario. Para eso, es vital sentarse a analizar qué nos ha traído hasta aquí», afirmó.

Peso fiscal de las pensiones

Uno de los mayores desafíos para un aumento del salario mínimo es su efecto dominó en el gasto público. El decano explicó que la homologación de pensiones y jubilaciones representa una carga fiscal masiva.

«Cada bolívar o dólar que se sume al salario mínimo tiene un impacto mensual automático sobre cinco o seis millones de pensionados. Es una realidad delicada que hay que asumir y sentarse a estudiar con rigor», advirtió.

El vacío legal de la era digital

Finalmente, Carballo Mena destacó que la legislación venezolana presenta un rezago importante frente a las nuevas dinámicas de empleo.

Actualmente, el marco legal no contempla regulaciones específicas para el teletrabajo ni para las labores desempeñadas a través de plataformas digitales, áreas que hoy sostienen buena parte de la economía global y local.

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