El Estado paraguayo reconoció este lunes su responsabilidad internacional al tiempo que pidió disculpas públicas a la familia de Santiago Leguizamón, un periodista asesinado hace 35 años en la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay (norte) y fronteriza con Brasil, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Alberto Martínez Simón, dijo durante un acto oficial de reparación que el cumplimiento de la sentencia tiene una «profunda significación institucional, humana y democrática», y que, a su vez, fortalece al Estado.
«Este acto constituye, ante todo, un ejercicio de memoria y de respeto: memoria hacia un periodista que hizo de la búsqueda de la verdad una vocación de vida, respeto hacia su familia que durante más de tres décadas ha convivido con el dolor de una pérdida irreparable», apuntó Martínez Simón en el encuentro celebrado en el Palacio de Justicia de Asunción, la capital de Paraguay.
«Pido, en nombre del Estado paraguayo, las disculpas públicas correspondientes», agregó el funcionario, cuyas palabras fueron recibidas con aplausos de amigos y familiares del reportero, así como de los trabajadores del sistema de Justicia presentes.
El crimen de Santiago Leguizamón en la frontera
Santiago Leguizamón fue asesinado a balazos el 26 de abril de 1991 en Pedro Juan Caballero, una de las ciudades más violentas de Paraguay, a unos 451 kilómetros de Asunción.
El hecho ocurrió cuando Leguizamón se trasladaba a un festejo por el Día del Periodista y sicarios le cerraron el paso, cerca del mediodía, en la avenida internacional que separa Paraguay de Brasil.
El reclamo de la familia y la exigencia de políticas públicas
El asesinato del periodista generó, dijo este lunes su hijo, el activista Dante Leguizamón, un impacto que aún perdura en la sociedad paraguaya y que debe servir para generar políticas públicas que favorezcan la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
«El impacto que tuvo el asesinato debe convertirse en políticas públicas contra la impunidad en los asesinatos periodistas. Debe convertirse en políticas públicas de protección a la violencia contra periodistas y debe convertirse en políticas públicas de protección de periodistas», enfatizó en su intervención.
Asimismo, Dante Leguizamón, quien es el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), criticó los que consideró como ataques del Estado a periodistas y activistas.
«Bajo la falacia de las mayorías, (el Estado) viola derechos humanos y no avanza en la obligatoria protección de periodistas y personas defensoras (de derechos humanos)», señaló.
Medidas de reparación pendientes de cumplimiento
Además del acto público de desagravio, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena la creación de una comisión técnica para esclarecer el asesinato, el impulso de una ley para la protección integral de los periodistas paraguayos y la reinstalación del premio de periodismo ‘Santiago Leguizamón’.
El Estado paraguayo aún no avanza en el cumplimiento de estas últimas medidas.
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