La ex primera ministra peruana Betssy Chávez afirmó que es víctima de «actos de hostigamiento» en la cárcel de mujeres de Lima y que se le pidió firmar una carta en la que asegura que no sufre torturas, una denuncia que fue negada «enfáticamente» por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Chávez cumple desde el 22 de junio pasado 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Chorrillos mientras es investigada por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022).
Medios locales reprodujeron una carta manuscrita que envió a la directora de ese penal, Micaela Alvarado, en la que señaló que el pasado 16 de julio tres agentes penitenciarios la recriminaron por un mensaje que supuestamente escribió en Twitter y le pidieron firmar un documento presuntamente enviado por el ministro de Justicia, Daniel Maurate, en el que asegura que no sufre torturas.
En la carta añadió que la jefa de seguridad de la prisión también le toma fotografías constantemente y que no se puede alimentar de manera adecuada porque sufre de problemas estomacales.
«Esos actos de hostigamiento no debiesen darse, por cuanto es solo contra mí», remarcó Chávez, quien señaló que ya ha informado de esta situación a la Cruz Roja Internacional.
En respuesta, el INPE publicó un comunicado en el que negó «enfáticamente» que Chávez haya sido visitada por tres agentes enviados por el ministro de Justicia o que sufra «maltratos» por parte del personal penitenciario.
«Para el INPE, la interna Betssy Betzabet Chávez Chino es una interna que recibe un trato igualitario y similar a las otras privadas de libertad», remarcó.
El organismo sostuvo que la ex primera ministra se negó este miércoles a abandonar su celda «aduciendo encontrarse mal de salud» y advirtió que «no acatar una disposición del personal de seguridad puede implicar una falta disciplinaria que será evaluada por la autoridad penitenciaria».
Agregó que «voluntariamente» pasó una evaluación médica durante la tarde, en la que se determinó que tenía una «inflamación leve a la garganta», por lo que recibió «el tratamiento respectivo».
Chávez fue detenida el pasado 20 de junio en su domicilio en la ciudad sureña de Tacna después de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundada la petición del Ministerio Público, que la investiga por la presunta comisión del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración, en agravio del Estado.
En su resolución, la Sala Suprema rechazó aplicar la misma medida a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, también investigados por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El pasado 26 de abril, el juez supremo Juan Carlos Checkley había rechazado imponer la prisión preventiva contra los tres exministros, aunque les dictó comparecencia y el pago de una fianza de 100.000 soles (27.700 dólares) contra Chávez, de 80.000 soles contra Huerta, exministro del Interior, y de 50.000 soles contra Sánchez, extitular de Comercio.
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