La organización Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) y la defensa legal de la abogada y activista de derechos humanos Claudia González Orellana exigieron este martes al Estado de Guatemala cumplir la resolución de la ONU que declaró «arbitraria» su detención en 2023 y ordenó su inmediata reparación.
En rueda de prensa, la ONG canadiense y González remarcaron la violación de sus derechos fundamentales tras permanecer 82 días en prisión preventiva. La abogada enfrentó un proceso impulsado por el Ministerio Público bajo la gestión de Consuelo Porras Argueta —sancionada por corrupción por EE. UU. y la Unión Europea— por presunto «abuso de autoridad», delito aplicable únicamente a funcionarios públicos, derivado de una denuncia planteada por una exmagistrada a quien González investigó en la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó que el arresto careció de sustento legal y formó parte de un patrón de discriminación y represalias por la labor anticorrupción de la exmandataria de la CICIG, entidad que desmanteló más de 200 estructuras criminales en el Estado entre 2014 y 2019.
«El Grupo de Trabajo exige al Estado de Guatemala actuar sin dilación, reparar a Claudia González Orellana e investigar de manera exhaustiva a los responsables. Guatemala no puede continuar normalizando que quienes investigan la corrupción sean perseguidos por cumplir con su deber», declaró la directora de ASFC, Claudia María López.
Ante la reanudación del juicio prevista para mayo de 2027, la abogada defensora Joseline Jácome instó a los tribunales y a la Fiscalía a acatar los estándares internacionales para frenar el desgaste financiero, personal y psicológico provocado por tres años de constantes suspensiones. La persecución emprendida por el Ministerio Público entre 2018 y 2026 forzó el exilio de casi un centenar de jueces, fiscales, periodistas y activistas guatemaltecos.
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