La Oficina de Defensa de las Víctimas (OPDV) de la Corte Penal Internacional (CPI) urge al fiscal Karim Khan a actuar con celeridad en la investigación «Venezuela I» por crímenes de lesa humanidad.
A su vez, advirtió, en una nota de prensa, que «el silencio del fiscal tras la crisis electoral y una aparente inacción desde el inicio de la investigación en junio 2023 generan una profunda preocupación entre las víctimas y sus familias».
Por su parte, manifestó la preocupación «entre las víctimas y sus familias con respecto al compromiso del fiscal de abordar los graves crímenes en curso y asegurar que la investigación siga respondiendo a los nuevos acontecimientos».
La OPDV expresó su inquietud por el continuo énfasis de la Fiscalía en la «complementariedad positiva», es decir en la cooperación y la asistencia técnica con el Estado venezolano, a pesar de que la Sala de Apelaciones concluyó que Venezuela no está llevando a cabo investigaciones genuinas ni enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad.
A su vez denunció que «la represión postelectoral, tras las elecciones del 28 de julio, el Gobierno de Venezuela ha intensificado el uso de los métodos de represión más severos y violentos, luego del anuncio de los resultados, estallaron protestas en el país, lo que llevó a las autoridades a iniciar una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedentes».
Además, alertaron sobre las detenciones del período postelectoral en el marco de la «Operación Tun Tun», como parte de «una campaña destinada a intimidar e infundir miedo a la población».
La Oficina también pide a los jueces de la Sala de Apelaciones que, en caso de que acepten tramitar esa recusación, se apliquen «medidas adecuadas sin demoras indebidas para garantizar que el resultado no cause ningún perjuicio a los intereses personales» de las víctimas.
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