El personal operativo de la Industria Venezolana del Aluminio (CVG Venalum) denunció una serie de inconsistencias e incumplimientos en el pago de sus beneficios. De acuerdo con los testimonios del sector laboral, la asignación especial conocida como «tarjeta roja», cuyo monto de referencia asciende a 140 dólares, se deposita con recortes no explicados que van de 30 a 35 dólares por trabajador.
A esta situación se añade la intención gerencial de cancelar el periodo vacacional e intereses en cuotas fraccionadas. Asimismo, los afectados señalaron que sufren penalizaciones en el bono de producción de 65 dólares, ante ausencias causadas por las fallas en el servicio de transporte contratado por la propia factoría.
Solicitud de inspección a la gestión administrativa
Los voceros indicaron que la falta de un tabulador salarial transparente impide verificar el cálculo preciso de los salarios. Al acudir al departamento de gestión humana, la respuesta formal atribuye los ajustes y retenciones a los lineamientos emitidos por la presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Ante el escenario de incertidumbre, la masa laboral solicitó formalmente a la presidencia encargada de la República y a la Contraloría General realizar una auditoría sobre el área de administración y nómina de Venalum. La petición incluye la revisión de las empresas contratistas que prestan servicio en la planta y el destino de los fondos asignados a los trabajadores.
Precarización de servicios y amedrentamiento
Junto con el reclamo salarial, los trabajadores alertaron sobre el deterioro generalizado de la infraestructura operativa. Entre las fallas destacan la calidad del servicio de comedor, el menú que reciben es arroz con pollo todos los días, la ausencia de dotación de equipos de protección para los empleados e ingresantes pasantes, estos últimos tienen que comprar la dotación de su propio bolsillo porque la empresa no los dota de dichos recursos y la exigencia de metas de producción en instalaciones con limitaciones técnicas.
Finalmente, los denunciantes manifestaron que el descontento se mantiene bajo anonimato por el temor a ser «desactivados» o relegados a nóminas inactivas. No obstante, instaron a los factores sindicales y a las autoridades competentes a atender las demandas laborales para evitar la paralización de las áreas operativas.
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