Un grupo de 11 organizaciones no gubernamentales y familiares de privados de libertad por razones políticas solicitaron este miércoles al Estado venezolano autorizar una evaluación técnica, transparente e independiente de las infraestructuras penitenciarias. La petición surge a cuatro semanas del doble terremoto que sacudió al país y que deja un saldo superior a los 5.300 fallecidos. Entre las ONG firmantes del comunicado conjunto figuran Provea, Foro Penal, Cofavic, Defiende Venezuela, Justicia, Encuentro y Perdón, Cepaz, Civilis, Acceso a la Justicia, Un Mundo Sin Mordaza, Voces de la Memoria y Caleidoscopio Humano.
Petición de acceso para organismos internacionales
En el manifiesto, leído durante una rueda de prensa orientada a exigir la liberación de los presos políticos, las organizaciones instaron al Gobierno a permitir el ingreso inmediato de entidades internacionales de asistencia humanitaria y de derechos humanos, tales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), agencias de la ONU y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Asimismo, exigieron restablecer el acceso regular de abogados y familiares, garantizando atención médica oportuna e información pública ante las denuncias de suspensión reiterada de visitas.
Inquietud por el deterioro de las condiciones de detención
Durante la lectura del documento, la directora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, enfatizó que la coyuntura sísmica no debe mermar las exigencias en materia de derechos fundamentales. Por su parte, allegados a los detenidos han expresado preocupación por el presunto abandono institucional tras el evento telúrico, señalando deficiencias en el suministro de alimentos y la falta de reparaciones en recintos que sufrieron agrietamientos o daños físicos por las sacudidas.
Silencio oficial sobre la situación en la red penitenciaria
Hasta la fecha, el Ejecutivo venezolano no ha emitido un informe oficial comprensivo sobre las condiciones de los recintos carcelarios ni sobre el estado de salud de la población reclusa tras los sismos. El reporte gubernamental más reciente señala que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio han dejado 16.740 heridos, más de 17.000 personas sin vivienda, 856 edificaciones afectadas y 190 estructuras colapsadas a nivel nacional.
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