Viena.- El expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, afirma que en Venezuela no hay una lucha contra la corrupción, sino una «pelea entre oligarcas» que han «saqueado al país» con el visto bueno del Gobierno del presidente del país, Nicolás Maduro, a quien responsabiliza del «inédito» grado alcanzado en tal sentido.
En una entrevista telemática concedida a EFE en Viena, Ramírez se refiere a la trama de corrupción que ha salido estos días a la luz con 25 detenidos, entre ellos 14 funcionarios y 11 empresarios.
«Maduro es responsable porque no se trata de funcionarios que evadieron los controles existentes, sino que desde el mismo gobierno se quitaron todos los controles que existían», dice.
Los detenidos «son chivos expiatorios, faltan las cabezas», añade Ramírez, quien fue durante 12 años ministro de Petróleo de Venezuela durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez (1999-2013).
Asegura que los hechos del escándalo actual en torno a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), investigado por la fiscalía, están siendo sacados a la luz de forma controlada por el gobierno.
No se trata ni de lucha contra la corrupción ni una actuación de la Justicia, sino de un «ajuste de cuentas en la cúpula del ‘madurismo'», opina el ingeniero de 59 años.
Al mismo tiempo, afirma que este escándalo le da la razón respecto a sus críticas al gobierno de Maduro, al que acusa de desmantelar la industria petrolera venezolana.
«Los corruptos son ellos, mis verdugos, los que me persiguen», dice Ramírez desde Roma, al tiempo que reitera su rechazo categórico a las acusaciones de corrupción en su contra por parte de la Justicia venezolana, que atribuye a un intento de acallarle.
FALTAN 25.000 MILLONES DE DÓLARES
Ramírez asegura tener conocimiento de documentos internos de Pdvsa que revelan la pérdida de «25.000 millones de dólares» en petróleo que la empresa «entregó a particulares» en los últimos dos años y cuyo pago nunca llegó al país.
«El problema -explica- es que Venezuela perdió la trazabilidad de sus operaciones petroleras», los responsables de Pdvsa «dejaron de rendir cuentas a la Asamblea Nacional y de admitir informes financieros auditados».
Ramírez compara lo sucedido con el colapso de la Unión Soviética, cuando «los jerarcas del partido» comunista se repartieron las empresas, convirtiéndose en lo que hoy se llaman «oligarcas rusos».
Lo que está pasando ahora en Venezuela es «una pelea entre oligarcas, unos están desplazando a otros», sin «ningún proyecto político de construcción del socialismo. Esos 25.000 millones de dólares han ido a parar a manos de los operadores Maduro».
LA MANO DERECHA DE MADURO
Para Ramírez, también la reciente dimisión de Tareck El Aissami como titular de Petróleo -oficialmente para «apoyar» la investigación en curso- revela una importante fractura de la cúpula estatal, pues se trata de «la mano derecha» de Maduro.
«Lo han debido poner de lado por el escándalo que esto significa y también porque hay sectores del madurismo que están negociando» con Washington, opina Ramírez.
Alude así a que la orden de captura por narcotráfico dictada por la Justicia estadounidense contra El Aissami dificulta las negociaciones sobre un levantamiento parcial al embargo petrolero estadounidense impuesto a Venezuela.
Según Ramírez, El Aissami «ha entregado la industria petrolera a agentes internacionales, incluyendo al gobierno de Irán».
Washington «no está dispuesto a seguir entendiéndose con un personaje como éste», asegura.
Pero pese a que aparentemente ha sido apartado del poder, El Aissami «está protegido, no le va a pasar nada, porque sigue siendo la mano derecha de Maduro».
«Como es uno de ellos, han guardado absoluto silencio. Ni siquiera el fiscal lo menciona», destaca.
«Oficialmente no lo implican en nada», aunque «este señor tuvo luz verde para hacer todo en Pdvsa lo que quisiera» y fue el responsable «de todo ese invento ilegal» de la criptomoneda.
La llamaron «Petro» y «se usó sobre todo para escamotear pensiones y derechos de los trabajadores», asegura Ramírez.
«Empezaron a pagarles en Petros, o sea, en nada», y también la usaron «para lavar miles de millones de dólares en el remate que han hecho de poderosas empresas del Estado que hoy no valen nada», concluye Ramírez.
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