Un grupo de expresos políticos entregó a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, el anteproyecto de Ley de Reparación de Daños a los Presos Políticos. La iniciativa busca establecer mecanismos institucionales para documentar y atender las consecuencias de las detenciones arbitrarias y las presuntas violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas y sus núcleos familiares, según explicaron sus promotores Ignacio Moreno y Daniel Romero.
La propuesta legislativa contempla la conformación de una mesa técnica encargada de revisar detalladamente cada expediente, determinar las afectaciones y definir esquemas de compensación. Ignacio Moreno, abogado y excarcelado tras permanecer tres años recluido en el penal del Rodeo I, destacó que el proyecto ofrece una ruta amigable que evita litigios judiciales prolongados contra la República, garantizando un canal directo de atención para evaluar daños económicos, patrimoniales, familiares y de salud.
Participación multisectorial y atención a excarcelados
El texto plantea la integración de representantes gubernamentales, actores del proceso de transición política, especialistas en derechos humanos y voceros de la Iglesia católica. Moreno enfatizó que la liberación no implica la recuperación automática de las condiciones de vida ni de los derechos arrebatados, señalando que la mayoría de los excarcelados continúa enfrentando trabas para acceder a tratamientos médicos, recuperar bienes incautados o insertarse al mercado laboral.
Exigencia de dignidad e inclusión de la sociedad civil
Por su parte, Daniel Romero instó a gremios sindicales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil a sumarse a la defensa activa de los derechos de los detenidos y excarcelados. Romero cuestionó el rol del sistema de justicia en los procesos de criminalización contra trabajadores y dirigentes, insistiendo en que el concepto de reparación debe abarcar tanto a quienes continúan privados de libertad como a aquellos que sufren las secuelas del encarcelamiento fuera de los centros de reclusión.
Ruta hacia la restitución integral de derechos
La entrega del anteproyecto busca posicionar el debate de la reparación integral en la agenda política nacional e institucional. Los impulsores de la norma sostienen que las medidas en materia de libertad no deben limitarse a las excarcelaciones, sino que deben incluir la documentación formal de los daños y el establecimiento de compromisos de reparación por parte del Estado.
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