Familiares denuncian traslados arbitrarios de «Operación Gedeón» en pleno proceso de amnistía

La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció este lunes que familiares reportaron traslados arbitrarios de detenidos de unas cárceles a otras, en pleno proceso de aplicación de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero.

Según la organización, los presos movilizados están vinculados a la llamada Operación Gedeón, un ataque marítimo frustrado en mayo de 2020, y fueron trasladados durante la madrugada de este lunes sin notificación oficial de las autoridades. El movimiento se realizó, indica Clipp, desde la cárcel militar Fuerte Guaicaipuro hacia la cárcel Yare III, ambas en el estado Miranda, cercano a Caracas.

La ONG no especifica el número exacto de personas movilizadas, pero explica que los familiares aseguran desconocer el paradero de otros presos políticos militares que permanecían recluidos junto a ellos, algunos de los cuales ya habían sido trasladados previamente desde la cárcel de Ramo Verde tras cumplir condena, y sufrieron semanas de incomunicación y aislamiento.

Ante esta situación, los familiares exigieron la libertad inmediata de todos los presos políticos, así como «información clara y oportuna» sobre su paradero, el respeto a su integridad física y mental, y garantías de comunicación y visitas familiares. «También rechazan que se les mantenga en aislamiento bajo el argumento de ‘readaptación'», agregó Clipp, en referencia a la práctica de aislar por días o semanas a los detenidos trasladados en sus nuevos centros de reclusión.

Fuerte Guaicaipuro

En las últimas semanas, los familiares de los detenidos por la Operación Gedeón han denunciado maltratos y condiciones precarias de reclusión, especialmente contra el grupo encarcelado en el Fuerte Guaicaipuro.

Estos traslados se producen en paralelo al proceso de amnistía, por el cual unas 8.416 personas habían recibido libertad plena hasta el pasado 26 de marzo, según datos del Parlamento, que no ha publicado una lista detallada de los beneficiados. La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999, pero limita su alcance a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, excluyendo el resto del periodo, así como casos ligados a operaciones militares y otros delitos como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Organizaciones y familiares critican que esta exclusión, sumada a los movimientos intercarcelarios no comunicados, profundiza la sensación de arbitrariedad y el temor de que la amnistía se aplique de forma selectiva, dejando por fuera a sectores como los participantes de la Operación Gedeón.

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