
Familiares de presos políticos protestaron este jueves frente al Ministerio para el Servicio Penitenciario exigiendo el fin de las «torturas» perpetradas, aseguran, por la unidad SESMA de la DGCIM en cárceles venezolanas.
Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, acusó al Ministerio de «cómplice» en los abusos. «Semanalmente venimos a denunciar el trato cruel y no cambian nada», dijo, relatando que familiares son encapuchados durante visitas, limitadas a «vidrio y teléfono». Su hermano Josnar Baduel, en Rodeo I (Miranda), enfrenta «riesgo inminente de muerte» por condiciones «de horror» y torturas previas en Sebin.
Mayra Morales denunció desnutrición en su hermano Carlos Fonseca, detenido en Fuerte Guaicaipuro por la fallida ‘Operación Gedeón’ de 2020 junto a 32 acusados. «Los dientes se les caen, no están bien de salud pese a promesas de alimentación», afirmó.
La ley de amnistía de febrero cubre 27 años desde 1999, pero excluye 13 «hechos» específicos y operaciones militares. Hasta ahora, el Parlamento registra 7.727 libertades plenas, 7.474 con medidas cautelares y 253 presos restantes.
La protesta coincide con reportes de huelga de hambre de al menos 100 en Rodeo I por tratos inhumanos.
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