Puerto Ordaz.-José Alfredo Olivo, presidente de Fedecámaras Bolívar, expresó que el anuncio del aumento de salario pareciera representar un mecanismo político para producir un impacto comunicacional, mas no una decisión que pretenda solventar la realidad del venezolano.

“Los empresarios y trabajadores vemos que estas medidas no brindan soluciones. El sector empresarial paga una nómina muy por encima de ese salario desde hace tiempo, porque entiende las necesidades del venezolano”, dijo.

Garantizó que este aumento no contribuirá a disminuir la presión social en Venezuela y que además fomentará el comercio informal de la mano de la población que ve imposible cubrir sus necesidades.

Con respecto a la fijación de precios, el líder gremial manifestó que, históricamente, todos los productos a los que se les ha aplicado un control de precios tienden a desaparecer de los comercios que cumplen con sus obligaciones fiscales, y aparecer en manos del sector informal; «recaer en las mismas políticas, significa cometer los mismos errores de años pasados», aseveró.

Austerio González, primer vicepresidente de Fedecámaras, afirmó que la decisión de aumentar el sueldo mínimo, a partir del primero de mayo, demuestra que la administración de Nicolás Maduro sigue cometiendo los mismos errores y sigue ejecutando medidas inconsultas, sin tomar en cuenta los factores que intervienen en este tipo de procesos.

“Es un problema al que se le busca una solución de forma, más no de fondo. El fondo es que se deben ejecutar las políticas económicas que detengan el proceso inflacionario y fomente la productividad”, explicó.

Para el representante del sector empresarial, este aumento de Bs.S. 400.000 del sueldo base y 400.000 de cesta ticket, se diluirá como sal en agua, debido a la desproporcionalidad de la inflación. “Si no controlamos la inflación, no servirá de nada”, enfatizó.

Considera que, si se tomara en cuenta al sector productivo, estas decisiones tendrían más fundamento, porque con acciones paralelas, en un corto y mediano plazo se podría mantener el poder adquisitivo de los salarios.

Por su parte, Ricardo Cusanno, el presidente de Fedecámaras Nacional, dijo que el nuevo aumento es “más de lo mismo”, y no cubrirá ni un tercio del costo los 27 rubros de precios acordados que impuso la administración de Maduro.

Además, añadió que podría afectar a futuro el flujo de caja de las pequeñas y medianas empresas que están cerradas en este momento de cuarentena obligatoria, producto de la pandemia del Coronavirus.

Empresas paralizadas

Hace 20 años el sector productivo venezolano contaba con más de 20.000 industrias de las cuales, según la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustrias), hoy solo permanecen activas 2.000, en una clara muestra de la destrucción del aparato productivo venezolano en manos de políticas económicas erróneas que han sido tomadas de forma unilateral.

A este panorama se le suma la paralización de los sectores no prioritarios, como medida de resguardo y protección para la población frente a la pandemia del coronavirus, y ahora, un aumento de precios que no corresponde a los niveles de productividad de las empresas en este momento.

Según el primer vicepresidente de Fedecámaras Bolívar, aunque en las empresas privadas hace mucho que se dejó de tener el sueldo mínimo como base, estos aumentos no corresponden con la realidad actual.

“Se tiene que buscar permitir la movilidad al sector productivo para realmente sustentar ese aumento y poder mantenerlo en el tiempo”, recalcó González.

El sueldo mínimo está desfasado de la realidad

Según el último informe del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en el mes de marzo la canasta alimentaria se ubicó en 19.156.813,68 bolívares (236,66 dólares, según la tasa oficial), lo que de acuerdo al actual sueldo base, Bs.S. 400.000 más Bs.S. 400.000 de cesta ticket (4,54 dólares), cubre menos del 1% de los gastos básicos de alimentación.

Paulino Ortega, asesor de Fedecámaras, opinó que el sueldo mínimo está desfasado de la realidad venezolana y de la necesidad de alimentación de los ciudadanos, y apunta que, aunque el sector privado se ve en la incapacidad de promediar el monto que se requiere para cubrir la canasta alimentaria, a nivel nacional el promedio del salario pagado por el sector privado se ubica alrededor de los $60 dólares mensuales.

Con base en lo anterior, aseguró que este aumento solo afectará realmente a los empleados públicos y a los pensionados.

Además, el asesor financiero destacó que, con este aumento, la administración de Nicolás Maduro reconoció la devaluación que ellos mismos han incentivado; con el último aumento, establecido para el 1 de enero del 2020, el salario aunado al bono de alimentación había quedado ubicado en Bs.S. 450.000, y de acuerdo a la tasa oficial de ese momento, promediada en 48.709,36, equivalía a 9,23 dólares. Esto demuestra que, más que un aumento, esta medida representó una disminución de 4,69 dólares en los salarios.

“Este anuncio no resuelve nada y solo empeora; como todos los aumentos salariales, generará inflación y devaluación, y dejará a los más vulnerables en una condición más dependiente del Estado”, indicó Ortega.

Sin embargo, admitió que esta decisión también puede demostrar que la actual administración entendió que no sirve de nada hacer inyecciones de bolívares drásticas.

Por otra parte, Ortega reconoció que la decisión de fijar precios en dólares, aunque no del todo correcta, incentiva al empresario a mantener sus tablas de costos en divisas y no congela los precios en medio de un panorama inflacionario, lo cual es un paso en la dirección correcta para sincerarlos y mantenerlos reales.

“Abre las oportunidades a los comerciantes a mantener sus estructuras de costos en dólares y así contrarrestar los efectos de la devaluación del bolívar”, agregó el asesor del gremio.

Finalmente, el asesor quiso llamar la atención hacia los pensionados, a quienes considera los más vulnerados con la poca capacidad adquisitiva del sueldo mínimo.

“El pensionado ya no está en capacidad productiva y no recibe bono de alimentación. Hay aproximadamente 4 millones 500 mil pensionados recibiendo un salario muy inferior a lo que necesita para cubrir sus necesidades básicas”, concretó.

 

Redacción SoyNP

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