La Fiscalía General del Estado de Bolivia abrió una investigación «de oficio» por las agresiones sufridas por dos concejalas en la región central de Cochabamba que fueron obligadas por un grupo de personas a firmar una «licencia fija» para no ejercer sus cargos.
La investigación se enmarcará en la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres debido a las agresiones sufridas por las concejalas del municipio de Sipe Sipe, informó la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.
La Defensoría del Pueblo denunció en la víspera que Reina Beltrán y Eva Rodríguez, de partidos opositores, fueron agredidas de forma verbal y física por un grupo de personas de tres comunidades para obligarlas a firmar un documento de «licencia por tiempo fijo».
Esta licencia era para que no ejerzan sus cargos desde el 11 de enero de este año hasta mayo de 2026, prácticamente «hasta el final de su gestión», ya que según los pobladores no cumplían con su labor de fiscalización, señaló la Defensoría.
Las mujeres recibieron presión verbal, agresiones físicas y fueron retenidas por el grupo de personas en el Concejo Municipal de ese lugar, al punto de que Beltrán se desmayó en un momento y tuvo que ser sacada en una camilla.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó al Ministerio Público a iniciar de oficio un proceso penal para investigar y establecer las responsabilidades de los agresores para que este caso no quede en la impunidad.
Por su parte, el Ministerio de Justicia activó un mecanismo de prevención para precautelar la integridad de las dos concejalas y expresó su rechazo a cualquier forma de violencia hacia las mujeres en el país.
El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, también condenó los actos de acoso y violencia política y «cualquier acto que use la violencia y amedrentamiento para obligar a que autoridades electas renuncien contra su voluntad».
La semana pasada la Justicia dictó sentencia por el asesinato de la concejala Juana Quispe en 2012, un caso considerado emblemático porque tras la muerte violenta de la mujer se promulgó la ley 243.
Dentro de este proceso exalcalde de la localidad de Ancoraimes Félix Huanca y el exconcejal Pastor Cutili fueron sentenciados a 30 años de cárcel, la pena máxima en la legislación boliviana, mientras que a otras dos implicadas les dieron 15 y 2 años de presidio.
Quispe había denunciado en reiteradas ocasiones que sufría amenazas y agresiones para no ejercer su cargo, hasta que su cuerpo fue hallado sin vida en un río en La Paz con signos de violencia. EFE
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