El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, confirmó la emisión de una resolución de aprehensión y su correspondiente mandamiento contra el ciudadano argentino Fernando Cerimedo por la presunta comisión del delito de tentativa de feminicidio. La medida responde a las investigaciones iniciadas tras el atentado con arma de fuego ejecutado en la ciudad de Santa Cruz en contra de su expareja, la abogada y activista Nadia Beller.
Cerimedo fue interceptado por agentes policiales en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando arribaba procedente de La Paz. La comisión de fiscales a cargo del expediente adelantó que solicitará ante la autoridad jurisdiccional la medida cautelar de detención preventiva, argumentando la existencia de riesgo procesal por fuga e interferencia en las diligencias del caso.
Detalles del atentado y estado de salud de la víctima
El hecho violento se registró en las inmediaciones de un establecimiento hotelero en Santa Cruz, donde Beller fue abordada por dos sujetos desconocidos que simulaban prestar servicios de reparto a domicilio. La víctima recibió tres impactos de bala y permanece bajo observación en la unidad de terapia intensiva de una clínica privada, habiéndosele otorgado un periodo inicial de treinta días de incapacidad médica.
El Ministerio Público readecuó la calificación del proceso —que en un principio se abrió como tentativa de asesinato— a la figura de tentativa de feminicidio, luego de recibir el testimonio de la afectada y realizar las correspondientes evaluaciones psicológicas que corroboraron la relación afectiva previa entre ambos.
Declaraciones de la afectada y posición oficial
En declaraciones ofrecidas desde el centro de salud, Beller acusó directamente a Cerimedo de haber contratado a los agresores y afirmó haber sido citada al lugar del hecho bajo el pretexto de atender un caso legal de relevancia pública. La abogada sostuvo que durante su relación con el consultor conoció presuntas irregularidades administrativas dentro de la gestión gubernamental, sobre las cuales afirmó poseer elementos probatorios.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, expresó su solidaridad con la activista e instruyó el desarrollo de las averiguaciones con rigor institucional, enfatizando que el marco legal se aplicará de forma estricta a todos los involucrados en el procedimiento.
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