El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga «extremo» y que representa un «peligro para el público», según documentos judiciales presentados en las últimas horas.
En un memorando que entregaron al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.
La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones en su contra.
El equipo fiscal destacó también la capacidad que mantendría el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.
Petición de Cilia Flores
La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes el traslado de la acusada a una residencia privada en Nueva York bajo un régimen de arresto domiciliario. Esta propuesta incluía guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.
Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que el centro penitenciario no reúne las condiciones necesarias para su recuperación. Fuerzas especiales estadounidenses capturaron a la pareja el 3 de enero, y desde entonces Flores permanece recluida en dicha cárcel federal.
El tribunal prevé iniciar el juicio conjunto contra Flores y Maduro el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.
Si el tribunal la declara culpable, Flores enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.
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