En un documento con fecha del 30 de marzo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respondió a los argumentos presentados por la administración de Maduro, que desestimaban las investigaciones por delitos de lesa humanidad.

La gestión de Maduro insiste en que la Corte no tiene competencia para juzgar y afirma que los presuntos crímenes fueron investigados y enjuiciados. Además, acusaron a la fiscalía de la CPI de tener “vínculos” con organizaciones no gubernamentales. 

“La Fiscalía sostiene respetuosamente que ninguna de esas peticiones tiene fundamento”, afirmó la CPI en el informe.

El Fiscal Karim Khan ratificó que existe una base razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en el país, que son graves y que exigen investigación y enjuiciamiento. 

Por lo cual, la fiscalía de la CPI reiteró «respetuosamente su solicitud de que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene la reanudación de la investigación sobre la Situación de Venezuela”. 

No son casos aislados

En el escrito, Khan recuerda que se encontró “base razonable” para creer que cientos de víctimas habían sido sometidas “a una amplia gama de actos criminales durante períodos prolongados de detención, incluyendo tortura, violación y/o violencia sexual”. 

Asimismo, detalló que «las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia, incluyendo palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.

En este sentido, denunció que el régimen de Venezuela “no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”. 

Advirtió también que, estas conclusiones se hicieron sin perjuicio de otros crímenes que puedan determinarse en una etapa posterior.

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