Panamá.- La Fiscalía Anticorrupción de Panamá informó este jueves que ha abierto una investigación por la supuesta compra estatal de ventiladores mecánicos «usados» para pacientes críticos de la COVID-19, la segunda indagación que inicia por una transacción de este tipo desde abril pasado.
«Fiscalía Anticorrupción abre investigación de oficio por delito contra la administración pública por publicación en un medio de comunicación social, sobre supuesta compra de ventiladores usados», informó públicamente el Ministerio Público.
Este sería el segundo expediente que abre la fiscalía por la compra irregular de estos equipos médicos durante la pandemia en Panamá, cuyo Gobierno, presidido por Laurentino Cortizo, declaró en marzo un estado de emergencia que se mantiene y en el marco del cual se han aprobado compras que han sido criticadas por sectores civiles y políticos por su presunta «falta de transparencia».
La primera investigación se abrió en abril pasado, cuando el Ministerio de la Presidencia, dirigido por José Gabriel Carrizo, también vicepresidente del país, intentó comprar 100 ventiladores con precio unitario de 48.950 dólares, lo que desató un escándalo.
El entonces viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, terminó renunciando por ese caso, que según analistas políticos locales minó de forma importante la confianza en administración de Cortizo, que apenas en julio pasado cumplió su primer año.
EL NUEVO EXPEDIENTE
El nuevo expediente que ha abierto la fiscalía deriva de una información publicada este jueves por el diario La Prensa según la cual ventiladores mecánicos «que estuvieron ‘mucho tiempo en bodega’, con daños, incompletos, softwares desactualizados y sin garantías, cuya manufactura data del 2013 y 2014, llegaron a cuatro hospitales públicos por órdenes de la Presidencia de República para ser utilizados con pacientes de la COVID-19».
El diario panameño publicó que accedió a «cartas en las que personal de Biomédica de cuatro hospitales locales reportaron múltiples irregularidades con los equipos recibidos en marzo y abril pasado, hechos que fueron del conocimiento de la entonces ministra de Salud, Rosario Turner».
«Fueron 32 ventiladores vendidos al Estado por Primo Medical Group Corp., no autorizada para la venta de equipos del fabricante alemán Dräger y que tampoco está en la lista de oferentes de equipos de cuidados intensivos, según las cartas».
Todo era parte de una compra de 53 ventiladores, por 2,3 millones de dólares, «un pago que aún está pendiente», según la información de prensa.
Agregó que una lista de cartas de compromiso de compra de la Presidencia panameña «reveló que se cotizaron 53 ventiladores con Primo, por un total de 2,3 millones de dólares o 43.400 la unidad, en promedio».
Esos mismo equipos fueron ofertado por la alemana Dräger entre 2017 y 2019 y costaban 6.000 y 17.000 mil», mientras que «en internet los modelos entregados por Primo cuestan entre 13.000 y 32.000 dólares».
El rotativo panameño indicó «que los directivos de Primo son los hermanos Bogarín Rangel, originarios del estado Zulia, Venezuela», donde sus tíos sí son distribuidores de Dräger, y donde también se ofreció durante la pandemia ventiladores manufacturados en 2012 a centros médicos de ese país pero que estos fueron rechazados por la vejez del equipo.
«Para obtener información en Venezuela, La Prensa se alió con el sitio periodístico de investigación venezolano Armando.info, por lo que hoy ambos medios publican de forma simultánea», añadió el rotativo panameño.
La Fiscalía de Panamá investiga cerca de una decena de casos por supuestas irregularidades en las compras estatales de emergencia durante la pandemia de la COVID-19, que en este país ha contagiado a 99.715 personas y matado a 2.127 desde inicios de marzo pasado.
EFE
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