La Fiscalía de la Nación de Perú ordenó el archivo definitivo de la denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte y sus exministros, tras la polémica por la duplicación del sueldo presidencial en julio de 2025. El fiscal general, Tomás Gálvez, informó que «no hay mérito» para continuar con el proceso al no acreditarse intereses ilícitos.
La investigación se centró en un decreto supremo que elevó el salario presidencial de 15.600 a 35.568 soles (unos 9.900 dólares). Aunque el partido Voces del Pueblo denunció que el monto excedía los límites legales y constituía aprovechamiento del cargo, el Ministerio Público concluyó que los hechos no encajan en ningún tipo penal y que la compensación económica se ajustó estrictamente a los marcos normativos vigentes.
Descarte de irregularidades
La Fiscalía también desvirtuó la presunta celeridad del procedimiento, un argumento clave de los denunciantes. Según las pesquisas, la iniciativa técnica para el aumento comenzó en marzo de 2024 y no en febrero de 2025, lo que resta credibilidad a la acusación de preferencia administrativa. Con este fallo, se ordenó la anulación de todos los registros informáticos relacionados con el caso, cerrando así uno de los flancos judiciales de la gestión de Boluarte.
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