La Fiscalía de Perú solicitó este viernes al Poder Judicial que impida la salida del país, hasta por 36 meses, a la destituida presidenta Dina Boluarte, sacada del poder a falta de seis meses para elecciones generales por parte de los partidos de derecha que controlan el Legislativo y que la mantuvieron en el cargo desde que asumió la Presidencia a finales de 2022.
El Ministerio Público cursó el pedido ante las numerosas investigaciones abiertas contra Boluarte por delitos de presunta corrupción y violación a los derechos humanos durante los dos años y casi diez meses que ejerció la jefatura del Estado, tras suceder en el cargo al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que estuvo como vicepresidenta.
La prohibición para salir del país solicitada por la Fiscalía está basada en tres de las al menos once investigaciones que enfrenta la saliente mandataria.
Así, pidió esta medida por un plazo de 18 meses por las investigaciones donde se le imputa negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, y por un plazo de 36 meses en la que se le indaga por supuesto lavado de dinero.
En el primer caso, Boluarte «se habría interesado en designar a funcionarios en EsSalud (seguridad social) y a concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas».
En el otro caso, a la ya exmandataria se le investiga por la presunta «recolección de dinero destinado a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón», el líder del partido de corte marxista Perú Libre con el que Castillo y ella ganaron las elecciones de 2021, y al que presuntamente Boluarte también ayudó para que se mantuviera prófugo de la Justicia luego que lo condenaran por corrupción.
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