El Ministerio Público de Venezuela denunció este martes una «feroz campaña» internacional en contra del sistema de Justicia del país tras la detención de la activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, y de cinco de sus allegados y familiares, por estar «presuntamente involucrados» en una trama conspirativa.
«Denunciamos una feroz campaña desde el exterior en contra del sistema de Justicia y el Estado venezolano por parte de los mismos sectores que siempre han menospreciado las instituciones democráticas (…) y han amparado, a la vez, los intentos de magnicidio y golpes de Estado contra Venezuela», dijo el fiscal general, Tarek William Saab, en un comunicado difundido en su cuenta en X.
Aseguró que esta «campaña» pretende «menoscabar las investigaciones» y «generar impunidad» al «intentar deslegitimar las acciones que realizan las instituciones venezolanas para combatir la violencia y el terrorismo».
El pronunciamiento del fiscal tiene lugar luego de que, en las últimas horas, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, así como cientos de ONG locales, manifestaron su preocupación por la detención de San Miguel y han solicitado al Estado venezolano el respeto a sus derechos.
Medida preventiva de libertad
En el escrito, Saab ratificó que la activista fue presentada la noche de este lunes ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, y que el MP solicitó para ella una medida «preventiva de libertad» por la «presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación».
Remarcó también que se solicitó la privación de libertad «preventiva» para Alejandro José González Canales, expareja de la activista, por la «presunta» comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Asimismo, indicó que su despacho solicitó para «los cuatro ciudadanos restantes», cuyos nombres no mencionó, pero son, presumiblemente, el resto de los familiares de San Miguel que la defensa de la activista reportó como «desaparecidos», medidas cautelares, «consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa».
Las cuatro personas señaladas por uno de los abogados de la defensora de derechos humanos son Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos, y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda.
El fiscal insistió en que el proceder del MP ha estado «dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales».
La defensa de la activista denunció su «desaparición forzada» desde el viernes, cuando fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, un estatus que, asegura, se mantiene, pues no han podido comunicarse con ella o conocer su sitio de reclusión hasta el momento.
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